12 dic 2018 | Actualizado: 22:10
Lun 20 octubre de 2014. 11.04H
Editorial
Ricardo De Lorenzo es uno de los personajes del sector que más ha hecho por difundir el alcance del derecho sanitario, una disciplina que no hace mucho parecía coto privado de juristas y expertos en leyes sin demasiado interés por compartir sus conocimientos. La constante y profusa labor divulgativa que De Lorenzo realiza desde hace años, a través de conferencias, informes, intervenciones y artículos en prensa, especialmente su colaboración semanal en Redacción Médica, alcanza en el Congreso Nacional de Derecho Sanitario su máximo esplendor. Más de veinte años después de su primera edición, la cita continúa acaparando el interés de la sanidad y mostrando que el derecho sanitario ha dejado de ser una materia minoritaria.

Más de 600 congresistas han pasado por la sede del Colegio de Médicos de Madrid para acercarse a alguna de las muy diversas actividades programadas en el Congreso. La presentación del baremo específico de daños sanitarios ha sido uno de los puntos fuertes de esta edición, ya que es un documento largamente esperado y perseguido por los expertos en la materia que, además, podrá contribuir a un objetivo que debe alcanzar a todo el sector: la desjudicialización de la sanidad. Queda por ver qué rango legal tendrá el documento y si se acompañará del pertinente desarrollo reglamentario que precise y concrete todo su alcance.

El interés que los profesionales sanitarios muestran hacia el derecho sanitario se ha podido volver a comprobar en debates como el de la imagen digital del médico, en el que ha quedado claro que cualquier facultativo tiene el derecho de exigir la cancelación de determinados datos o informaciones que aparecen en internet y que puedan llegar a afectar negativamente a su vida profesional e incluso personal. O en la conferencia de Carmen Peña, presidenta del Consejo de Farmacéuticos, que ha aprovechado la magnífica tribuna para reclamar la actualización de la legislación nacional sobre ordenación farmacéutica.

La Administración también ha tenido su protagonismo en la cita. Agustín Rivero, director general de Farmacia del Ministerio, ha sido muy claro al afirmar que los informes de posicionamiento terapéuticos (IPT) son vinculantes por ley. Este intento por defender su rango legal responde a las constantes críticas recibidas por parte de profesionales y administraciones autonómicas a un documento cuyo origen y desarrollo está siendo ciertamente controvertido. Sanidad quiere reforzar su apuesta por este tipo de herramientas terapéuticas, aunque admite que sin la colaboración de las comunidades autónomas no podrá llegar muy lejos en su estrategia de ganar eficiencia en la prestación farmacéutica.

Y, como era de esperar, la Administración también ha recibido su dosis habitual de críticas, procedentes en esta ocasión del presidente del Consejo de Enfermería, Máximo González Jurado, muy crítico con el registro de profesionales, al que le aguarda un futuro bastante negro. Con un gesto indisimuladamente serio y grave, González Jurado se ha quejado de que la iniciativa nace desde la imposición, sin contar con los profesionales, y convirtiéndose por lo tanto en un ejemplo más de lo que el intervencionismo público puede hacer en materias donde es fundamental el consenso. Obviamente, no piensa así el Ministerio, que además comprueba cómo otras profesiones sí parecen estar más abiertas a la colaboración, como es el caso de los médicos y los farmacéuticos. Con todo, la Administración mantiene su propósito de poner en marcha el registro en febrero de 2016.