19 ene 2019 | Actualizado: 18:45
Hace ya dos años que escribía en esta misma tribuna un artículo titulado ¿Profesionaliza...qué? 'Postureo' y política sanitaria que finalizaba con la siguiente frase de Friedrich Nietzsche: “la mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo. Engañar a los demás es un defecto relativamente vano”. Pues bien, como ya suele ser habitual, una frase famosa es fiel reflejo de lo que está sucediendo.

La Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, publicada en el BOCM del 3 de enero de 2018, dice en su disposición adicional primera:

Desarrollo normativo

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar, en el plazo máximo de un año, cuan tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley



"El llamado 'Modelo Madrid' de profesionalización de la gestión sanitaria es un bluf, una mentira más"


He esperado a que pase el año para escribir este artículo. Y lo hago para constatar que, una vez más, la Administración incumple con lo que aprueba, incumple sus propios compromisos, se olvida de aquello que votó y publicitó a los cuatro vientos. El proyecto estrella del anterior consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el llamado 'Modelo Madrid' de profesionalización de la gestión sanitaria, es un bluf, una mentira mas.

Una Ley que obtuvo un respaldo mayoritario de los partidos de la oposición, que fue “negociada” entre los representantes políticos de las diferentes formaciones que están representadas en la Asamblea de Madrid, tenía toda la solvencia y apoyos necesarios para que saliera adelante, para que se culminara de forma inequívoca. Ingenuo de mí, aún no he aprendido.

Desarrollo en manos de políticos


Ya escribía acerca de mis dudas sobre esta Ley, que dejaba lo más importante al desarrollo normativo. Un desarrollo en manos de políticos, que dejaba todo por hacer, que no concretaba nada, era muy ambigua, y hacía honor a esa frase conocida entre los políticos y administradores que dice “Ustedes hagan la Ley, que yo haré el reglamento”.

Y un año después puedo asegurar que no me equivocaba. La Ley sigue sin el correspondiente desarrollo normativo. Ello impide que lo aprobado adquiera carta de eficacia, que no se puedan poner en marcha las interesantes modificaciones en los órganos de gobierno que esta Ley establece, que todo esté pendiente de desarrollo. Vamos, una Ley que se publica, queda muy bien en el papel, pero que no se puede cumplir.

Solo cuando interesa a la Administración


Bueno, tampoco es del todo así. Cuando le interesa a la Administración sí que se basa en esta Ley para hacer de su capa un sayo.


"La Administración se parapeta detrás de esta Ley para incumplir una sentencia firme que anula los pactos de gestión (las conocidas 'peonadas')"


Como ejemplo tenemos cómo se parapetan detrás de ella para incumplir una sentencia firme que anula los pactos de gestión (las conocidas “peonadas”), que no se ejecuta basándose en que ahora hay una Ley de profesionalización de la gestión, que da autonomía a los gerentes (para lo que les digan no para lo que estos quieran) y les permite hacer pactos a nivel de cada hospital. Para esto recurren a la Ley, para nombrar directivos, desarrollar los consejos territoriales de salud y consejos de gobierno, para eso no. Para eso hay que esperar a que se hagan los reglamentos.

La situación de la Sanidad es crítica. Los profesionales han dicho basta. Hemos asistido a manifestaciones y huelgas en las que solo se pide dignidad, calidad, tiempo para asistir a los pacientes adecuadamente, unas condiciones laborales que hagan recuperar el placer de ser y ejercer de médicos, que eviten la fuga de profesionales y que incluso vuelva a ilusionar a aquellos que abandonaron el país en busca de mejores condiciones y respeto.

Si la Ley estuviera realmente en vigor...


¿Qué hubiera pasado en Madrid si la Ley estuviera desarrollada? ¿Cómo se hubieran visto afectadas las decisiones tomadas en relación al plan de obras o compra de Robot Da Vinci? ¿Cómo afectaría a la implantación por decreto de un modelo de historia electrónica contra la opinión de los profesionales? ¿Qué gerentes seguirían o que otros serían a día de hoy los que estarían al frente de ciertos centros? ¿Se hubiera producido el escándalo denunciado en relación a la comisión de docencia del Hospital Ramón y Cajal? Estas son algunas de la preguntas que podrían tener respuesta si la Ley estuviera realmente en vigor y que, posiblemente, serían diferentes a la realidad actual.

A escasos 5 meses de unas elecciones autonómicas en las que es previsible que lleguen cambios en muchas comunidades, es necesario, imprescindible diría yo, que esta Ley se desarrolle y deje blindado el cambio antes de que sea demasiado tarde.

Un cambio pactado, que se respete gane quien gane, pues no en vano esta Ley es fruto de un consenso que debería perdurar en el tiempo. Vuelvo a mi estado habitual de “buenismo”. Creo que es posible que, por una vez, los políticos hagan las cosas de la forma correcta, que olviden sus intereses partidistas y miren por el bien de un valor que es de todos, la Sanidad Pública. Me resisto a pensar que esto es imposible. La realidad, ya la veremos.