María Márquez. Madrid
La ministra de Sanidad, Ana Mato.
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El Real Decreto 16/2012 ha vuelto al Senado y con él los reproches sempiternos de los últimos meses sobre deuda del SNS, desmantelamiento del Estado de Bienestar y pérdida de universalización. En el apartado de la Ley de Dependencia, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha afinado los datos ofrecidos en el último Consejo Territorial para acusar al PSOE de haber dejado “en lista de espera” a 175.000 "grandes dependientes y severos" englobados en las 300.000 personas que comunicó la pasada semana a las consejerías.
El argumento fue esgrimido por Mato en su respuesta a la diputada socialista Raquel Miriam Andrés, quien manifestó su incredulidad ante las intervenciones de la ministra por haber ocultado a las autonomías y la sociedad tanto los últimos recortes de financiación anunciados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como “la rebaja del 13 por ciento de financiación básica” aparecidos en el Boletín Oficial del Estado. La titular de la sanidad nacional ha rechazado los reproches de Andrés detallando críticas del nacimiento de la Ley de la Dependencia como “una maraña legislativa” e inviable desde el punto de vista económico, ya manifestadas en su última reunión con los consejeros.
Andrés y Álvarez (PSOE), y en la imagen inferior, Mónica Almiñana de Entesa.
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La también socialista María Eloísa Álvarez ha preguntado a la ministra de Sanidad sobre el impacto del RD 16/2012 en mujeres separadas o divorciadas que no hayan cotizado nunca. Tras las acusaciones de “improvisación” acerca del redactado de la norma, Mato ha achacado a los socialistas que “inventen” que no se garantiza el derecho a la asistencia sanitaria pública ya que el Gobierno, en palabras de la ministra, ha pretendido que “exista un procedimiento único de aseguramiento en vez de los 17 anteriores”.
Por último, la senadora por Entesa Mónica Almiñana ha pedido la opinión de Ana Mato sobre “el doble copago impuesto a los ciudadanos de Cataluña”. Aunque rechazó esta posibilidad (“no valoro competencias de las comunidades autónomas”), la ministra de Sanidad sí echó un capote a CiU al manifestar que lo realmente “injusto es dejar a la sanidad de Cataluña en quiebra”, en clara alusión al anterior Ejecutivo liderado por el socialista José Montilla. Almiñana ha recalcado su preocupación por el hecho de que los catalanes “paguen más por sus medicamentos”, haciendo hincapié en los “más vulnerables”, que además tendrán que hacer frente a precios más elevados, según ella, como consecuencia de la exclusión de fármacos de la financiación estatal impulsada por el Gobierno. La senadora de Entesa ha anunciado que propondrá a la Cámara una ponencia de estudio de medidas de ahorro farmacéutico.
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