Sanidad cree que la ley valenciana de atención a ‘sin papeles’ es inconstitucional

David García / Lorena Martínez. Madrid
El Ministerio de Sanidad junto al de Empleo y Seguridad Social, ha redactado un escrito en el que expone que la ley de la Generalitat Valencia, aprobada el pasado 24 de julio, que devuelve la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, podría ser inconstitucional.

Alfonso Alonso y Carmen Montón.

Según ha podido saber Redacción Médica, los servicios jurídicos del departamento que dirige Alfonso Alonso llevaban ya un tiempo analizando la ley valenciana y creen que algunos de sus artículos pueden ser incompatibles con la Constitución.

Confirman que, como prevé la ley, se puede conformar una mesa bilateral de negociación para evitar llegar al Constitucional y que ya se han iniciado los trámites. De hecho, el Ministerio de Hacienda ya ha dado aviso a la Generalitat del inicio de los trámites y de la petición de la mesa bilateral, aunque según confirman desde Sanidad, de momento no ha habido respuesta desde Valencia.

Sin embargo, desde el Ministerio se pone especial énfasis en que el objetivo es no llegar a poner un recurso de inconstitucionalidad y para ello se sentará a hablar con la Generalitat, para negociar e intentar así llegar a un acuerdo que evite ese último paso, aunque no aclaran si pasaría por una modificación del articulado.

De momento no hay una fecha prevista para sentarse a negociar con la Generalitat.

Carmen Montón, firme

Mientras, la reacción desde Valencia no se ha hecho esperar. La consejera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha reafirmado que la atención sanitaria integral entendida como un derecho fundamental de toda persona es un principio irrenunciable. “Con el derecho al acceso integral a la salud no se mercadea”, ha manifestado.

Frente al argumento del Ministerio de Sanidad, al afirmar que el decreto valenciano puede haber incurrido en una extralimitación competencial, Montón recuerda que la norma fue avalada por los servicios jurídicos de la Abogacía General de la Generalitat, y que dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han respaldado medidas similares de extensión de la cobertura asistencial tomadas en País Vasco y Navarra para reconocer la universalidad de la atención sanitaria. 

Por ello, considera que la propuesta que plantea el Ministerio de Sanidad de convocar una comisión bilateral para negociar “a fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad” no tiene otro propósito que rebajar el alcance de la medida y recortar derechos a las personas a quienes el decreto valenciano ha devuelto un acceso integral a la sanidad en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía.

En su momento, recuerda Montón, ya solicitó al Ministerio incluir el debate de la universalidad de la atención sanitaria en España en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero el Ministerio se negó entonces a aceptar esta petición.

Desde la Consejería de Sanidad valenciana aseguran que no se contempla negociar a la baja el derecho fundamental a la sanidad.

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