Redacción Médica
24 de septiembre de 2018 | Actualizado: Domingo a las 18:00
Lunes, 25 de marzo de 2013, a las 13:45

Redacción. Mérida
La Consejería de Salud y Política Social se ha reunido con representantes de asociaciones de inmigrantes de la comunidad para recabar sus aportaciones para la puesta en marcha de un Programa de Atención Sanitaria de Seguimiento (Pascae), que definirá la asistencia sanitaria que se prestará a los extranjeros no autorizados ni registrados en España como residentes.

Manuel Granado y Juan Bravo.

El director general de Planificación, Calidad y Consumo, Manuel Granado, y el de Política Social y Familia, Juan Bravo, han sido los encargados de transmitirles este proyecto en el que trabaja el Gobierno extremeño, y que se traducirá en una instrucción que “probablemente” verá la luz en el segundo trimestre del año, según ha explicado el primero de ellos.

Al encuentro de este lunes han sido convocadas 22 entidades, entre asociaciones de inmigrantes y otras ONG, con el ánimo de solicitar su colaboración para la elaboración de este programa con el que, según ha recordado Bravo, se da también “cumplimiento” a un mandato del Parlamento extremeño.

En concreto, se da respuesta -apunta- a la propuesta de impulso del Grupo Parlamentario Izquierda Unida que el pasado 25 de octubre fue aprobado por unanimidad y en la que se instaba al Ejecutivo extremeño a facilitar algún tipo de tarjeta provisional u otro documento identificativo, temporal y renovable, que garantice la cobertura sanitaria de la población inmigrante.

Se trata de un “programa social en salud pública” mediante el que, según ha explicado Granado, se tiene controlado al ciudadano inmigrante desde el punto de vista de la salud pública, se regulariza su situación desde la perspectiva sanitaria y se protege a “toda” la sociedad frente a las enfermedades infectocontagiosas.

En concreto, el director general de Planificación, Calidad y Consumo ha recordado que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ha supuesto “un antes y un después” en el concepto de asegurado y beneficiario del sistema sanitario.

Esta norma establece que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España recibirán asistencia sanitaria en los supuestos de casos de urgencia, embarazo, menores de 18 años, víctimas de trata de seres humanos, solicitantes de protección internacional y cuando exista un convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.

Sin embargo, ha señalado que la consejería entendía que estos seis conceptos “de alguna forma se quedaban cojos” a la hora de asumir una coordinación y un desarrollo de la asistencia sanitaria desde el punto de vista público, dado que los ciudadanos inmigrantes “suelen acudir tarde” a los servicios sanitarios y hacerlo con “frecuencia” por la vía de urgencias, lo que conlleva una “descoordinación de los recursos sanitarios y muchas veces duplicidades desde el punto de vista de los registros asistenciales y de información”.

Se creía además que estas personas “no” estaban cubiertas desde el punto de vista de la salud pública, en primer lugar para “beneficiarse” de su propia protección en cuanto a enfermedades de declaración obligatoria y vacunaciones y, en segundo lugar, “porque al no estar cubiertas y protegidas frente a este tipo de cuestiones, se convertían de alguna forma en transmisores de posibles enfermedades infectocontagiosas”.

De ahí la puesta en marcha del Pascae, que regulará y establecerá el procedimiento de atención y las prestaciones de asistencia sanitaria evitando, por tanto, situaciones como que un ciudadano acuda en varias ocasiones a un servicio de urgencias por un proceso por el que podría ser atendido por en su centro de salud y, en caso necesario, ser derivado al especialista correspondiente.

Posibles beneficiarios

Respecto al número de inmigrantes irregulares que se podrán beneficiar de este programa, el director general ha aclarado que es difícil conocer con exactitud la cifra, aunque sí ha apuntado que en la base de datos de tarjeta sanitaria figuran cerca de 9.000 ciudadanos extranjeros entre comunitarios y no comunitarios con su tarjeta en situación de baja y pendiente de acreditación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Unos 6.000 de ellos tienen caducado el permiso de residencia.

Todos ellos tenían un plazo de tres meses, hasta el 1 de septiembre de 2012, para regularizar su situación, aunque lo que ha hecho la consejería es mantenerlos con una tarjeta en una situación de “baja temporal activa”, de tal forma que pudieran recibir una asistencia sanitaria “sin ningún tipo de problema”.