Redacción Médica
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Los médicos temen que el PP concluya la legislatura sin regular las unidades de gestión clínica

Instan a Alonso a elevar las UGC a rango normativo aplicable a todo el Estado

Jueves, 01 de enero de 2015, a las 19:38
Javier Barbado. Madrid
Los médicos temen que el Gobierno de España se quede sin tiempo material para elevar a rango de norma la implantación, en todo el Estado, de las unidades de gestión clínica (UGC), fórmula de autogobierno en los centros sanitarios que cede a los facultativos, a priori, la gestión de departamentos especializados en áreas específicas del conocimiento.

Carlos Macaya (presidente de Facme), Rubén Moreno (secretario general de Sanidad) y Francisco Miralles (CESM).


Las UGC ya se encuentran reguladas por decreto en autonomías como Castilla y León, pero todavía no se ha materializado el acuerdo de consenso firmado por la cartera ministerial que encabeza Alfonso Alonso y el Foro de la Profesión Médica (FPME) el pasado mes de julio, por el cual los galenos proponen que se instauren en todo el territorio nacional conforme a una serie de características definidas, entre ellas que el líder natural de tales unidades sea un profesional cualificado del sistema sanitario público, de forma preferente un médico, según ha recalcado a Redacción Médica el portavoz del organismo, Francisco Miralles, quien también ostenta la condición de secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Más allá de la titulación preferida para el director de las UGC –asunto no exento per se de polémica, en especial por parte del colectivo enfermero, que se ha visto relegado a un segundo plano en este sentido–, los presidentes de las asociaciones médico-científicas españolas (agrupadas en la Federación, Facme) se disponen a exigir al ministro del ramo, Alfonso Alonso, la restauración de las negociaciones sobre su creación, que quedaron en el tintero el pasado mes de septiembre, cuando el Comité de Seguimiento de este asunto conformado por tres de las organizaciones integrantes del Foro (Facme, CESM y la Organización Médico Colegial –OMC–) pidieron a Sanidad que presentara la propuesta en el pleno del Consejo Interterritorial.

Paso previo por las 17 autonomías

Sin embargo –han corroborado a este periódico fuentes del Foro–, el Ministerio encabezado por Alonso denegó el reclamo y lo condicionó a la ejecución de un paso previo que consistiría en remitir a las consejerías de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas el documento, de forma que ellas también se sintieran partícipes del acuerdo final que se tomara.

Pero la actualidad del sector, en el último trimestre del año, ha virado hacia otros asuntos de mayor urgencia como la alerta sanitaria desatada por el virus del ébola desde el pasado mes de agosto, por una parte, y el relevo en la cúpula de la cartera ministerial del ramo, por otra; de ahí que esta última haya postergado lo acordado con el Foro, al que prometió tras el verano, en una primera estimación, un tiempo máximo de dos meses para resolverlo.

Norma estatal frente a los decretos autonómicos

La máxima preocupación de los sindicatos integrados en la CESM, según Miralles, reside en que suceda lo que, como queda dicho, ya ha acontecido en parte: que los gobiernos de algunas autonomías aprueben y desarrollen decretos propios reguladores de las UGC, en lugar de que una normativa estatal fije, para toda España, la estructura y condiciones de estos departamentos.

“En el caso del decreto de Castilla y León, no nos gusta la libre designación [del líder de las UGC]; CESM, por el contrario, persigue que la provisión de las jefaturas de las unidades de gestión clínica sean responsabilidad de los facultativos, quienes deben ser elegidos por un concurso público y no a dedo, ya que, si se los designa de esta manera, a quien no actúe conforme a los dictados que se le han fijado, se le cesaría de inmediato”, ha reflexionado el portavoz del Foro.

Por último, el presidente de Facme, Carlos Macaya, ha subrayado a Redacción Médica la predisposición del Ministerio de Sanidad a llevar a buen puerto la propuesta de las UGC antes, se presupone, de que acabe la legislatura del partido gobernante en noviembre del año que viene. Según Macaya, incluso el secretario general, Rubén Moreno, elogió el consenso logrado sobre este asunto y recalcó que el Ejecutivo “tiene pendiente” llevarlo a término.

ENLACES RELACIONADOS:
Acceda al documento de CESM sobre las UGC

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