Cristina Mouriño. Madrid
El planteamiento del Ministerio de Sanidad de incluir los datos referentes a las sanciones administrativas de los médicos en el futuro registro de profesionales ha levantado ampollas entre los facultativos. El primero en reaccionar ha sido el Consejo Andaluz de Médicos, cuyo presidente, Francisco José Martínez Amo, ha subrayado la imposibilidad de incluir esta información ya que esas inhabilitaciones no impiden el ejercicio de la Medicina en cualquier otro ámbito.
Otero, Padrós, Fuster, Arjona, Villarig, y Arribas.
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A la crítica del consejo andaluz, se han sumado los presidentes de los colegios de Barcelona, Madrid, Valencia, y de los consejos de Castilla y León y Extremadura. Según ha podido saber Redacción Médica está previsto que se aborde este asunto en la próxima Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC).
Sonia López Arribas, presidenta de los médicos de Madrid, ha apuntado que “datos tan sensibles como estos no deberían estar en un registro público”. En su opinión, la función del registro es “regularizar la situación de los profesionales de cara a ampliar su mercado laboral” y “lógicamente”, ha explicado, “publicar esta información condiciona la obtención de un puesto de trabajo”.
El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona ha señalado que “las sanciones no inhabilitadoras no debería figurar en el registro del ministerio”. Jaume Padrós considera que “la OMC debería valorarlo” y trasladar su punto de vista a la administración.
Rosa Fuster, presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, defiende que “el ministerio tiene que tener los datos que sean de interés general pero no datos de los expedientes de los profesionales”. “Esto ya entra dentro de la Deontología”, ha añadido, “por lo que no compete al ministerio”.
Los consejos de Castilla y León y Extremadura señalan, a través de sus presidentes, José Luis Díaz Villarig y Carlos Arjona, respectivamente, que “esto debería debatirse en la OMC”.
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