El Supremo condena al ICS por no implantar bien el dispositivo, que no fue encontrado



15 jun. 2015 16:24H
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Redacción. Madrid
El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al ICS a pagar 80.000 euros a una mujer que quedó embarazada pese a que meses antes le había sido implantado un anticonceptivo intradérmico, y tuvo una niña con una grave enfermedad incurable de carácter hereditario con una minusvalía del 70 por ciento.

La sentencia, que cuenta con el voto particular discrepante de dos de los cinco magistrados que componen la Sala, revoca la decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó la reclamación de la mujer al entender que no hubo mala praxis.

Los hechos se remontan a 2005, cuando la mujer, entonces de 20 años, acudió al hospital para que se le insertara en el brazo izquierdo un dispositivo anticonceptivo denominado 'implanon' que había adquirido en una farmacia. Cuatro meses después la chica se personó en centro, donde le comunicaron que estaba embarazada de nueve semanas. La mujer acudió a clínicas privadas para que le buscaran el dispositivo anticonceptivo y no lo hallaron con varios métodos de diagnóstico. Dio a luz a una niña con anemia hemolítica crónica, enfermedad hereditaria, y le fue reconocida una minusvalía del 70 por ciento.

Discrepancia de dos jueces

Los magistrados discrepantes, coinciden con la tesis del hospital y las aseguradoras, que sostienen que no puede afirmarse que el embarazo esté vinculado en modo alguno con una mala praxis médica en la colocación del anticonceptivo y que tampoco la grave enfermedad que padece la niña puede asociarse al acto médico.

La mayoría de la Sala cree, sin embargo, que debe indemnizarse por daño moral, debido a "la lesión de la facultad de autodeterminación que el inadecuado acto médico provocó". En cuanto a los gastos por alimentos de la hija que la madre reclama, el Supremo no los considera indemnizables porque no puede probarse la relación de causalidad entre la colocación del 'implanon' y la patología que sufre la niña, a pesar de que la madre ha alegado no tener familia en España, ser soltera, carecer de ingresos y no percibir ayudas públicas de ningún tipo.
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