Redacción Médica
23 de julio de 2018 | Actualizado: Lunes a las 11:50

Los funcionarios no recibirán la extra “de manera inmediata”

El PP propone negociar con los empleados públicos un acuerdo que fije los plazos de devolución de la extra, la ampliación de los días de libre disposición y antigüedad

Miércoles, 23 de septiembre de 2015, a las 15:50
Redacción. Valladolid
Las Cortes de Castilla y León han rechazado la devolución “inmediata” de la paga extra no abonada en 2012 a los empleados públicos, así como la recuperación de sus derechos y condiciones de trabajo. Una medida que afecta a los profesionales públicos de la sanidad. 

José Ignacio Martín.

Esto se debe a que no fue aprobada la proposición no de ley presentada por el PSOE, que contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición, lo que llevó a efectuar tres votaciones en el Pleno, hasta que se produjo el desempate.

En su defensa de la PNL, el socialista José Ignacio Martín Benito consideró “de justicia” esta devolución de salario y derechos a los empleados públicos de Castilla y León a los que el PP, dijo, “ha menospreciado”.

En concreto, su propuesta solicitaba la devolución inmediata de la paga extra de 2012, así como el reestablecimiento de todos los derechos y condiciones de trabajo de los empleados públicos que les han sido recortados, incluidos los referentes al horario de prestación del servicio y a los días de libre disposición de un colectivo que, dijo, ha perdido en los últimos años un 9,2 por ciento de poder adquisitivo.

El Grupo Popular presentó una enmienda a la propuesta socialista. El viceportavoz Juan José Sanz Vitorio explicó que instaban a la Junta a negociar con los representantes de los empleados públicos un acuerdo que fije los plazos de devolución de la paga extra y también la ampliación de los días de libre disposición y antigüedad. Propuesta que no fue aceptada por el PSOE.

Precisamente, este “partido de ping-pong” fue censurado por el procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, quien recordó a PP y PSOE que “fueron juntos” a reformar la Constitución en el apartado del cumplimiento del déficit. “Tuvieron la misma actitud de sumisión”, remarcó, para añadir que el problema de fondo es el techo de gasto. “Tenemos un país intervenido con un control del déficit por encima de los derechos de las personas”, concluyó Sarrión.

Por su parte, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, aseguró que siempre votará a favor de este tipo de iniciativas porque está “en contra” de cualquier tipo de recorte de derechos de cualquier trabajador. Desde Ciudadanos, José Ignacio Delgado se comprometió a mantener “la vigilancia” y la “exigencia” de que se den los pasos para revertir la situación de los empleados públicos.

Podemos, representado por Adela Pascual, acusó al gobierno de aplicar “medidas que causan daños irreparables” como la supresión de la paga extra que restó la capacidad de consumo en más de 200 millones de euros.