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La retirada del tratamiento a inmigrantes con VIH supondrá hasta 50 muertes y casi 600 nuevas infecciones en 2013

Los infecciólogos aseguran que más de la mitad del ahorro generado en el primer año se esfumará por los costes de los ingresos hospitalarios

mié 12 septiembre 2012. 14.21H
Javier Leo / Imagen: Adrián Conde. Madrid
La retirada del tratamiento antirretroviral a los inmigrantes en situación irregular infectados por VIH generará, en tan solo un año, entre 27 y 50 muertes y hasta 580 nuevas infecciones, según los resultados de un estudio realizado por el Grupo de Estudio de Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Gesida-SEIMC). En concreto, los especialistas calculan que entre 1.800 y 3.220 pacientes ya diagnosticados de VIH podrían quedar desatendidos y, como consecuencia, la mortalidad volvería a niveles de los años 90, cuando algunas cohortes de pacientes registraban entre 12 y 15 muertes anuales por cada 100 pacientes.

De izquierda a derecha: José Antonio Pérez, uno de los coordinadores del estudio; Álvaro Pascual, presidente de la SEIMC; Pere Domingo, presidente de Gesida; Juan Berenguer, secretario de Gesida; y Federico Pulido, coordinador del estudio.

Según ha explicado uno de los coordinadores del estudio, Federico Pulido, “se trata de una medida economicista que no ha valorado las consecuencias más allá del ahorro directo” que supone la retirada del tratamiento antirretroviral a este colectivo. En este sentido, el estudio calcula que de los entre 12,2 y 21,8 millones de euros que podría suponer el ahorro directo en antirretrovirales al eliminar esta prestación, entre 6,5 y 11,7 millones se perderían en costes hospitalarios derivados de la falta de control de la enfermedad. Los inmigrantes con VIH, tuberculosis o enfermedades de transmisión sexual “conviven con nosotros, no vienen a hacer turismo sanitario”, apunta Pulido.

Federico Plaza, uno de los coordinadores del estudio.
“Estos pacientes no van a ser atendidos hasta que estén muy graves y acudan a urgencias. Hasta entonces seguirán transmitiendo la enfermedad, y no solo a otros inmigrantes irregulares, a toda la población”, indica este experto que vaticina un problema de salud pública “muy grave” a corto y medio plazo. “Cualquier programa de control y prevención de enfermedades infecciosas no tiene viabilidad con este Real Decreto”, añade. A este respecto, el secretario de Gesida, Juan Berenguer, ha comentado que los portavoces parlamentarios con los que se ha reunido la sociedad le han ofrecido “una respuesta favorable” ante sus argumentos y no descartan una modificación legal que asegure la continuidad en el tratamiento de estos pacientes. (Acceda aquí al estudio completo).