Teresa Angulo: La política farmacéutica que propone Podemos es propia de un “país bananero”

Cristina Alcalá / Imagen. Cristina Cebrián. Madrid
Lleva al frente de la portavocía en sanidad de los populares en el Congreso de los Diputados poco más de dos meses, después de que el ‘número dos’ del Ministerio de Sanidad, Rubén Moreno, diera el salto a este departamento de la mano de Alfonso Alonso. En lo que queda de legislatura, la principal misión de Teresa Angulo (Badajoz, 1968) es ayudar a consolidar las reformas impulsadas por el Ejecutivo en lo que queda de curso político, puestas en marcha tras la aprobación del Real Decreto 16/2012, y defenderlas para que el sistema sanitario español “no vuelva a correr peligro”.

Teresa Angulo, portavoz de sanidad del PP en el Congreso de los Diputados.

¿Cuál es la hoja de ruta de su grupo parlamentario para lo que queda de legislatura?

Nuestra misión es la misma desde el inicio, que es trabajar por garantizar la sostenibilidad del sistema y que la sanidad en España siga siendo pública, gratuita y universal. Además tenemos que hacer frente al reto de incorporar nuevos medicamentos al sistema sanitario e incidir en todas esas medidas que permitan mejorar la calidad la asistencia sanitaria.

¿Pondrá en marcha alguna iniciativa en concreto?

A lo largo de la legislatura se realizaron una serie de reformas, en el marco del Real Decreto 16/2012, así como otras de eficiencia y ahorro de gasto. Ahora queda desarrollarlas y también avanzar en los pactos con los profesionales (médicos, enfermeros, farmacia e industria farmacéutica).

¿Conseguirá el PP impulsar el pacto político por la sanidad en este año?

Esa ha sido nuestra voluntad desde el principio. La anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, ofreció un pacto por la sanidad, que fue suscrito por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que implica que fijó esta medida como una cuestión de Estado, más allá de intereses políticos.

Esa misma voluntad de diálogo se ofreció en el seno de la subcomisión de este pacto, donde se adoptaron una serie de medidas para mejorar el sistema sanitario y garantizar su sostenibilidad. Sin embargo, no quisieron participar ni PSOE ni IU. No obstante, el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha ofrecido diálogo a todos los grupos políticos y nosotros, como Grupo Parlamentario Popular, vamos a seguir en esa línea, e intentar alcanzar acuerdos.

Los partidos que no lo apoyaron alegaron que no había diálogo con la anterior ministra y, además, para que hubiera consenso en la subcomisión habría que derogar el 16/2012. ¿Contempla esa opción para que haya consenso político?

Esta reforma era necesaria para sacar al país de la quiebra en la que estaba desde hace tres años el sistema sanitario, donde los ingresos públicos estaban cayendo, lo que provocó que la deuda sanitaria llegara hasta los 16 mil millones de euros.

Este real decreto ha ayudado a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que la sanidad siga siendo universal, gratuita y de calidad. Y ese espíritu sigue vigente. Por eso, esta subcomisión nació con el objetivo de que todos los grupos políticos pusieran sobre la mesa sus propuestas e intentar consensuarlas. El ultimátum que dieron los partidos que se levantaron sobre la mesa hizo imposible el diálogo.

Una de las medidas más importantes que anunció el Ministerio de Sanidad fue la retirada del copago hospitalario. ¿Hay fecha ya fijada? ¿Cuándo será definitivamente?

Es una medida que corresponde al ministerio y, aunque no se ha dicho aún una fecha, se hablará con las comunidades autónomas y se llegará a una decisión común. Pero será en este año, al ser el último de legislatura.

Muchos partidos se han posicionado a favor de devolver la competencia en salud pública al Estado, en vez de tenerla las comunidades autónomas. ¿Debe transferirse?

A las comunidades autónomas se les transfirió esta competencia en su momento, por lo que el papel del Ministerio de Sanidad se limita a coordinar y garantizar que existe esa equidad e igualad de oportunidades para todos los españoles. Y especialmente tras la experiencia de la crisis del ébola, donde Administración central y autonomías mantuvieron un permanente diálogo en el seno del Consejo Interterritorial del SNS.

¿Cómo valora medidas similares anunciadas por otro partidos, como Ciudadanos, que dice que las prestaciones en sanidad solo para quien tenga permiso de residencia?

Nosotros queremos garantizar la universalidad del sistema de salud y eso es lo que ha hecho el Gobierno, a través de las reformas que ha puesto en marcha, donde lejos de recortar esta universalidad, la ha ampliado. De hecho, a día de hoy, a pesar de que somos un millón menos de españoles, hay 750.000 tarjetas sanitarias más que hace tres años, gracias a que se ha extendido esta universalidad a colectivos que antes de 2012 no la tenían: los parados de larga duración, que una vez que perdían el subsidio, perdían el derecho a la asistencia sanitaria; o determinadas profesiones que estaban acogidas a mutuas.

España es, según las evaluaciones de la Unión Europea, el país que más atención sanitaria da a los inmigrantes. Con la reforma que hizo el PP, la asistencia de urgencia está garantizada a todas las personas, así como a los menores de edad y a las mujeres en el embarazo, parto y postparto. Además, todos los inmigrantes están integrados en los programas de salud pública, independientemente de su situación. La reforma del PP solo ha conseguido evitar el fraude del turismo sanitario que el PSOE no supo ponerle remedio.

¿Ve, por tanto, esta iniciativa como una copia del PP?

Desconozco el contenido exacto de las propuestas de Ciudadanos, para valorar si son una copia del PP o no. Pero si es así, nuestra propuesta es más extensa.

¿Podría ser un socio para pactar en el Parlamento? ¿Se sienten cómodos con ellos en el ámbito sanitario?

Nuestra vocación es obtener la máxima confianza de los españoles, ya que este país necesita estabilidad política. E igual que hemos ofrecido diálogo teniendo la mayoría absoluta, haremos lo mismo a los partidos que obtengan representación parlamentaria en las cámaras.

Imagino que conoce las políticas sanitarias que propone Podemos. ¿Cómo las valora?

Leía el otro día que Podemos proponía una sanidad pública, gratuita y universal, lo cual me dio que pensar porque, primero desconocen el país en el que vivimos, porque afortunadamente todos los españoles tienen un sistema así. Aquí no hay que pagar por ir al médico y, sobre todo, porque nuestra sanidad se financia vía impuestos. Por tanto, los líderes de Podemos lo que tiene que hacer es pagar los impuestos que les corresponden, porque si no se pagan los impuestos, no habrá ni sanidad ni educación pública.

¿Las políticas que propone Podemos puede poner en peligro la solvencia del sistema sanitario español?

Lo que pone en peligro es no pagar los impuestos o hacer triquiñuelas para pagar menos, ya que nuestra sanidad, educación y políticas sociales se financian por estos tributos. Sus políticas sanitarias hablan de hacer una sanidad pública y gratuita, cuando afortunadamente en España ya es así.

Angulo valora las iniciativas de Podemos en sanidad.

¿Qué opina de que quieran expropiar las patentes a las farmacéuticas?

Nosotros no vivimos en un estado totalitario, donde no se respetan los derechos, sino que estamos en uno donde se tiene que cumplir la ley. La autorización para comercializar un fármaco se otorga por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), después la aprueba el Consejo de Europa y nosotros como país, primero que pertenece a la Unión Europea y después como gobierno que respeta las leyes, tenemos que cumplir esa normativa.

El Ejecutivo está demostrando que está adoptando todas las medidas que están siendo necesarias para incorporar todos estos medicamentos innovadores al sistema, que en la última legislatura ha sido un total de 91 fármacos, pero respetando la ley, porque nosotros no vivimos en un país bananero.

A parte de las conocidas, ¿qué iniciativas en sanidad llevará el PP en su programa a las elecciones generales?

Aún no nos hemos puesto a preparar el programa electoral para las elecciones, pero coincidimos en que queremos llevar a cabo todas las medidas para defender el actual sistema sanitario, sin que se vuelva a poner en peligro.

Nuestro programa electoral, tanto en nacional, autonómico y local, pone el foco en las personas y nuestras políticas irán en este camino, para recuperar el empleo y la economía de España. No podemos poner en peligro esto con proyectos que no sabemos a dónde nos quiere llevar.

En esta legislatura, hemos puesto en marca el pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con los cuales hemos destinado 52 mil millones de euros para pagar facturas de la sanidad.

Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el sistema sanitario español es solucionar el problema de acceso que tienen los enfermos de hepatitis C a los fármacos. ¿Cree que ha llegado tarde el plan nacional que ha puesto en marcha el ministerio?

El ministerio se ha mostrado comprometido con abordar este asunto, ya que ha visto como una oportunidad la incorporación de medicamentos innovadores, pero estamos convencidos de que el SNS puede hacerle frente.

En consenso con las comunidades autónomas, Sanidad elaboró una guía estratégica para abordar la enfermedad y financiar los fármacos que han ido apareciendo. De hecho, España es uno de los cuatro países de la Unión Europa que tienen incorporados todos los medicamentos, es decir, que disfrutamos de esas terapias que otros ciudadanos europeos no tienen.

Ante la aparición de nuevos tratamientos, el ministerio consideró que lo primero era elaborar una estrategia nacional, hecha por expertos, para conseguir esa equidad en el acceso de los fármacos, y que cualquier español, viva donde viva, sepa que se le va a administrar el medicamento con los mismos criterios científicos y clínicos, no economicistas y políticos.

¿Se conocen los plazos?

El ministro ya anunció que el borrador ya está, ahora lo tienen que ver las comunidades autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. En las próximas semanas verá la luz y, mientras tanto, los enfermos no están desatendidos, ya que actualmente hay 4.500 afectados que están recibiendo el tratamiento.

No es partidaria de financiar el plan de hepatitis C

Uno de los puntos que más divide a los grupos sobre esta cuestión es la financiación de esta estrategia. ¿Por qué no dotar de presupuesto el plan del ministerio?

Porque primero es conocer el número de personas afectadas y qué genotipo tiene cada una, es decir, en qué estadio de la enfermedad están. Actualmente se están barajando cifras que no son exactas. Es una enfermedad que puede aparecer a lo largo de 30 años y puede haber personas que estén afectadas y no lo saben, por lo que el plan estratégico también trabajará en su prevención y detección precoz. Por tanto, no sabemos cuántas personas lo necesitan como para dotarlo de presupuesto.

Además, la financiación corresponde a las comunidades autónomas, que son las que deciden cuánto dinero quieren destinar a la sanidad, aunque se han comprometido a dar el medicamento a todas aquellas personas que lo necesitan y han sido prescritas.

Por otro lado, el ministerio está utilizando unos mecanismos de negociación para abaratar el precio de estos fármacos, como es la compra centralizada, el riesgo compartido, el techo de gasto, etc. Y entendemos que dar una partida concreta es darle armas a la industria farmacéutica, de saber lo que dispone y, por lo tanto, dificulta la negociación.

Precisamente, uno de los efectos positivos de este Real Decreto 16/2012 es conseguir un importante ahorro en el gasto farmacéutico. Desde que se puso en marcha esta reforma, ha habido un ahorro de más de 4.300 millones de euros respecto a 2011. Dinero que se puede destinar a la financiación de estos medicamentos innovadores, no solo al de la hepatitis C.



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