La nueva Ley de Servicios Sociales inicia su andadura con la constitución de su comisión técnica

Redacción. Mérida
El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha presidido la constitución de la comisión técnica para la elaboración de la nueva Ley de Servicios Sociales de Base de Extremadura, cuyo borrador se trasladará a las fuerzas políticas, agentes sociales y entidades del Tercer Sector para que realicen aportaciones en aras de conseguir el máximo consenso posible en torno a esta norma.

El consejero de Salud y Política Social ha presidido la reunión de constitución del Comité Técnico.

A la reunión, celebrada en la sede de la Consejería de Salud y Política Social, han asistido también el director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, y la directora gerente del Sepad, Cristina Herrera, así como representantes del Gobierno extremeño con implicación en esta normativa.

Esta comisión será la encargada de elaborar el borrador de la nueva ley a partir del trabajo de base desarrollado por los técnicos de la Dirección General de Política Social y Familia en los últimos meses.

La nueva ley supondrá un punto de inflexión en el desarrollo del sistema público de los servicios sociales de base (SSB) y una adecuación del texto legal de1987 a la realidad actual.

El paso del tiempo, la puesta en marcha de nuevos servicios y la modernización de los existentes, así como la dinámica del cambio social, han puesto de manifiesto las carencias de la norma vigente, especialmente en cuanto a la definición conceptual, la configuración del sistema, la ordenación de los servicios, su estructuración y financiación.

La tipificación de las prestaciones, la delimitación de competencias y la coordinación de todos los agentes implicados son otros de los factores en los que profundizará el futuro texto.

La nueva normativa nace con el objetivo de garantizar a la ciudadanía un marco estable de recursos y servicios que configure una nueva modalidad de protección social y que amplíe y complete la acción protectora de la Administración autonómica, consiguiendo que la atención social se constituya como verdadero derecho subjetivo para las personas usuarias de los SSB.