Redacción Médica
22 de julio de 2018 | Actualizado: Sábado a las 20:00
Martes, 11 de junio de 2013, a las 18:08

Enrique Pita. Madrid
Castilla y León ha otorgado desde hace años un importante papel a sus servicios sociales. Ahora, el Gobierno regional ha aprobado una Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad que se sitúa en la vanguardia de todo el Estado. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado a Redacción Médica los aspectos más destacados de esta norma.

Milagros Marcos, consejera
de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León.

¿Qué aporta esta Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad?

Esta ley da un paso fundamental en la atención a las personas con discapacidad, pero sobre todo en su autonomía personal. Es un marco de referencia derivado del propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el que se establece la garantía de que las personas con discapacidad d la región puedan acceder a los mismos derechos que el resto de ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Realmente no es una ley que genere nuevos derechos, sino que establece los mecanismos para que las personas con discapacidad puedan hacer efectivos los mismos derechos que el resto de ciudadanos.

Esta norma apoya a las personas con discapacidad en la búsqueda de empleo; presta apoyo en el sistema educativo, en el sistema sanitario…es decir, preceptos que hacen que estas personas tengan la atención que necesitan pero sobre todo evoluciona mucho hacia la autonomía personal.

¿Se busca completar esa parte de la Ley de Dependencia que habla de la promoción de la autonomía personal?

En Castilla y León estamos desarrollando especialmente el programa de autonomía personal, efectivamente muy vinculado a las personas con discapacidad, igual que el asistente personal. De hecho, en julio del año pasado se pactó con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla y León una modificación de la Ley de Dependencia para avanzar hacia los servicios profesionales que en un caso como en el de la autonomía personal se está desarrollando especialmente. La evolución de estos servicios profesionalizados contrasta con las ayudas familiares.

Llevamos cuatro años de duro trabajo basados en el rigor, la participación y el consenso con el sector de la discapacidad para poder aprobar en estos momentos la ley. Se han dado muchos pasos en el desarrollo de derechos de las personas con discapacidad; para eliminar el modelo de subvenciones y garantizar el modelo de derechos: ya no se subvenciona a las asociaciones para que presten servicios, sino que se reconoce a cada persona aquello que necesita y se le presta una garantía de financiación de la comunidad autónoma para que pueda recibirlo.

La ley es algo en lo que hay que trabajar muy en la base para, una vez establecido ese sistema de derechos poder ir al sistema de garantía de esos derechos. Ha habido un trabajo muy serio, y el poder incorporar los preceptos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha sido gracias a ese esfuerzo de más de cuatro años.

¿Nace con una memoria económica asociada?

La ley lleva asociado un presupuesto de más de 155 millones de euros anuales del presupuesto de Castilla y León.

Lo fundamental es que se ha alcanzado un consenso y que se ha podido en Castilla y León tener esta ley por el amplio desarrollo que la región tiene en el ámbito de los derechos sociales. A cada cual se le concede aquella prestación que necesita y con aquella cuantía que en función de su capacidad económica y lo que le pueda costar el servicio necesita aportar, de modo que ya es cada ciudadano quien tiene el derecho reconocido.

¿Se va a trabajar de alguna manera en la prevención o el diagnóstico precoz?

En un porcentaje muy elevado se nace con discapacidad, por lo que no es una ley que permita prevención, pero sí el tratamiento o diagnóstico precoz para iniciar las actuaciones cuanto antes y en la medida de lo posible evitar el desarrollo o el agravamiento del grado de discapacidad. Por ejemplo hay un servicio gratuito de atención temprana de los niños hasta 6 años. Esto es importante porque si se trabaja con el menor con discapacidad desde que nace, las terapias, la rehabilitación, permiten que recupere.

Para lo que se trabaja es sobre todo para la integración y la normalización de las personas con discapacidad, de modo que se vean como iguales. Es un punto muy importante de la ley el hecho de que se quiera implicar a toda la sociedad en esta igualdad de oportunidades. Tiene que estar muy implicada toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación, para transmitir esa igualdad. Hay casos muy claros, como las personas con enfermedad mental, que sufren un estigma social, y contra eso hay que luchar. Que se sepa que contratar a personas con discapacidad tiene más beneficios para las empresas que perjuicios. Debemos trabajar en esa línea cultural y social de la igualdad de oportunidades, y esto exige el compromiso de todos, de las administraciones, de las empresas, de los medios de comunicación…

¿Esta ley afecta de algún modo al espacio sociosanitario que se está construyendo?

Hay que tener en cuenta que el piloto sociosanitario a nivel nacional se planteó en Castilla y León con la enfermedad mental, que está funcionando en la provincia de Zamora, donde están puestos todos los recursos a disposición y funcionan de forma totalmente coordinada entre los profesionales de los servicios sociales y los del sistema sanitario. El diagnóstico o la detección precoz suele venir por uno u otro sistema, se evalúa cada caso en una comisión mixta y se deriva al recurso social o al sanitario que corresponda en cada momento y hay un seguimiento permanente de ambos sistemas. Así, este modelo que funciona en una patología tan complicada, quizá una de las que necesitan mayor coordinación entre ambos sistemas, está en marcha en Castilla y León. Desde luego, la ley abunda en la coordinación sociosanitaria para todas las discapacidades.

Es una ley muy novedosa a nivel nacional. El presidente del Cermi estatal está planteando que sea el referente para todas las autonomías y a nivel nacional, e incluso me consta que tanto esta norma como el modelo de empleo que se aprobó el pasado mes de julio de reserva de contratación pública de cualquiera de las consejerías para centros especiales de empleo. Este tipo de empleos llevan un 6 por ciento de reserva de contratación.

¿Tienen intención de traerlo al próximo Consejo de Dependencia o de Discapacidad?

Este modelo se conoce a nivel nacional hasta el punto que se ha publicado en el BOE. Es importante el hecho de que el presidente estatal de Cermi esté abogando por este modelo de ley y de fomento del empleo para personas con discapacidad, dando ejemplo desde la Administración.

En este momento este modelo se está extendiendo a las corporaciones locales. Todas las administraciones pueden aplicar esta reserva para centros especiales de empleo. Creo que esto también ha derivado en el hecho de que Castilla y León sea una de las autonomías en la que más ha crecido la contratación de personas con discapacidad entre enero y abril de 2013. De hecho, la media nacional fue un crecimiento del 6,2 por ciento, mientras que en nuestra región fue del 22,3 por ciento. Se va viendo cómo el impulso y el compromiso de la Junta de Castilla y León con las personas con discapacidad van dando sus resultados poco a poco. Ahora se está tratando de llevar este modelo a diputaciones y municipios con más de 20.000 habitantes.