Redacción. Madrid
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado en su reunión de este martes el contrato para el servicio de trasporte urgente en ambulancia, tanto urbano como interurbano, para el traslado de pacientes con origen o destino en los servicios de urgencia de los hospitales públicos de la región por un importe total de 82.860.480 euros entre este año y el año 2019.
Ángel Garrido, portavoz del Gobierno.
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El contrato establece la obligación de que los tiempos promedio de respuesta desde que se solicita el traslado hasta la llegada de la ambulancia serán de 25 minutos en medio urbano y 35 minutos en medio rural, sin que pueda superar los 45 minutos en ningún caso.
Se entiende por trasporte sanitario urgente aquel que se realiza desde donde se encuentra el paciente hasta el servicio de urgencias de los hospitales, y que no necesita asistencia médica durante su traslado porque el paciente no presenta riesgo vital.
La asistencia y/o traslado en casos con riesgo vital es realizado por vehículos medicalizados con equipamiento avanzado: UVI móviles, y Vehículos de Intervención Rápida (VIR), cuyos profesionales son personal del Summa 112, así como con helicópteros.
La empresa adjudicataria del contrato tendrá que disponer del personal necesario, formado para atender sus obligaciones, y mantener al que presta en la actualidad el servicio en este tipo de ambulancias. Deberá además contar con 96 vehículos para este trasporte sanitario urgente, cuatro más que en el contrato anterior.
Además del personal y los vehículos el contrato estipula que son responsabilidad de la empresa adjudicataria el mantenimiento, combustible, material sanitario, oficinas, gastos de administración o, por ejemplo, los vehículos de sustitución que sean precisos. En total, contarán con 20.715.120 euros para cada año del contrato, que dará comienzo en diciembre de este año.
21 millones para garantizar 343 plazas de adultos dependientes con discapacidad física
Por otro lado, el Gobierno regional ha aprobado la celebración de cinco contratos, por un importe global de 21 millones de euros, para garantizar 343 plazas de personas adultas dependientes con discapacidad física, en residencias con centros de día de la región-
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