Redacción Médica
23 de septiembre de 2018 | Actualizado: Sábado a las 20:00
Martes, 29 de septiembre de 2015, a las 21:57
Redacción. Mérida
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite un recurso del Grupo Parlamentario Socialista por la no admisión en 2013 por parte de la Mesa de la Asamblea, que entonces contaba con mayoría del PP, de una propuesta de ley del PSOE para el blindaje de la sanidad pública.

Valentín García.

Cabe recordar que la iniciativa socialista en cuestión no fue tramitada en la cámara autonómica después del voto en contra planteado hacia la misma por parte del PP y de IU.

En rueda de prensa este martes en Mérida, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha destacado que el Constitucional haya admitido a trámite el recurso planteado ante la “tropelía” cometida a su juicio por la Mesa de la Asamblea en 2013, y la cual según ha incidido “impedía el derecho de los socialistas a defender el interés general de los extremeños”.

De igual modo, tras incidir en que una vez que salga la sentencia de este recurso puede haber “consecuencias políticas muy importantes”, ha defendido que los miembros de la Mesa de la Asamblea de 2013 que votaron en contra de la tramitación de la iniciativa socialista (en alusión al PP y a IU) deberán “asumir responsabilidades políticas”.

En este sentido, ha explicado que esta propuesta quería “evitar las privatizaciones” y “modificar la Ley de Salud de Extremadura para que ningún hospital, ningún centro sanitario y ninguna unidad pudiese ser privatizado”, ya que por entonces estaba “la fiebre privatizadora del Partido Popular”.

Por otra parte, el portavoz socialista ha recalcado que el compromiso del nuevo gobierno de la Junta de Extremadura es que en los próximos meses se propondrá en la Asamblea “una modificación de la Ley de Salud de Extremadura para que quede blindada la sanidad pública”.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista se alegra de que el Tribunal Constitucional “haya admitido a trámite esta tropelía” de la Mesa de la Asamblea en el 2013, que “impedía el derecho de los socialistas a defender el interés general de los extremeños”.