El rompecabezas autonómico de las 37,5 horas

Javier Alberdi (Asturias); Agustín Gutiérrez (País Vasco); Levy Cabrera (Canarias); y Julián Ezquerra (Amyts-Madrid).

En Extremadura se congratulan de un acuerdo recién alcanzado a finales de septiembre que “se flexibiliza de manera notoria con respecto a las instrucciones iniciales del Servicio Extremeño de Salud (SES)”, atendiendo a la demanda sindical. El consenso se traduce en que en Atención Primaria se permitirá de manera general ampliar la jornada en 30 minutos, extendiéndose la jornada ordinaria de 8  a 15.30 horas, cuando empezará el turno de guardia; y en Hospitalaria, la ampliación de la jornada laboral se hará de manera similar, es decir, de forma generalizada la jornada se extenderá entre las 8 y las 15.30 horas, cuando empiezan las guardias.

En Canarias, la nueva condición laboral ha acuñado un término curioso, “las horas paulinas”, en referencia al presidente Paulino Rivero. El vicesecretario general de CESM Canarias, Levy Cabrera, asegura que la norma se está aplicando dependiendo del área de salud, y mientras “en algunos lugares se está siguiendo a rajatabla, en otros hay mayor permisibilidad y no se está controlando tanto”. Cabrera opina que “los profesionales están un poco desconcertados y perplejos”, situación que ha motivado que el sindicato pida que se modifique el real decreto “porque, excepto en sanidad, para el resto del funcionariado se permite que entren al trabajo media hora antes y salgan media hora después”, algo que, según el vicesecretario sindical, ha provocado que “una división entre trabajadores”.

Las negociaciones entre la Consejería murciana y el Sindicato Médico han sido muy tensas, con amenazas de huelga en el sector motivadas por la falta de coordinación y el “solapamiento de órdenes” entre Ejecutivo y la gerencia del Servicio Murciano de Salud (SMS). Desde CESM-Murcia, aclara su presidente Francisco Miralles, la postura ha sido firme desde el primer momento: la ampliación “no cuenta con nuestro apoyo”, pero “tampoco con una oposición beligerante mientras se aplique tal y como propusimos”. El objetivo, apunta, es que los médicos no se vean “más perjudicados” que otros empleados públicos con la medida. “No podemos tolerar” que a los profesores les computen las 2,5 horas extra por “trabajar en casa preparando exámenes”, mientras que a los médicos se les pide cumplir la ampliación con horas de actividad asistencial, subraya. En esta misma línea de resignación se manifiesta el secretario general del Sindicato Médico en Navarra, Juan Carlos Sánchez de la Nava. En su opinión, las 37 horas y media “genera una discriminación de los trabajadores de la sanidad pública dentro del propio Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), según sea asistencial o no, a qué centro pertenezca e incluso a qué estamento”. Sánchez de la Nava apunta como uno de las cuestiones más graves la posibilidad de hacer modificaciones con avisos de 15 días de antelación, algo que “atenta contra derechos fundamentales del trabajador, como el de disponer del calendario anual de trabajo así como a la conciliación de la vida laboral y familiar”.

Pendientes de acuerdo

Cinco autonomías se desmarcan del mapa autonómico por encontrarse a la espera de que se materialice el consenso con la Administración. La Asociación de Médicos y Titulares Superiores (Amyts) espera revisar un acuerdo que se remonta a febrero de este año, como explica Julián Ezquerra, su secretario general. Un pacto “hablado” en el que la Consejería “se comprometió a no realizar más reducciones salariales”. Pero fue entonces cuando el Gobierno central aprobó la supresión, así que Amyts dio por incumplido el acuerdo. La Comisión para el seguimiento de las 37,5 horas fue convocada por última vez en junio y, apunta Ezquerra, aún quedan por cerrar las instrucciones para su aplicación en el SUMMA y el SAR.

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