Redacción. Madrid
El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, ha adelantado este miércoles que el PSOE va a volver a incorporar el proyecto de ley de muerte digna en su próximo programa electoral, con motivo del caso de Andrea, la niña gallega de 12 años ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) con una enfermedad incurable y cuyos padres reclaman una muerte digna.
José Martínez Olmos.
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A juicio de Olmos, la petición de esta familia "pone de manifiesto un debate que el PP no ha querido resolver en esta legislatura. El Partido Socialista ha presentado en esta legislatura en dos ocasiones un proyecto de ley de muerte digna para asegurar el derecho en todo el país y en dos ocasiones el PP votó que no, ha recordado, porque no terminan de entender que no se pueden poner las convicciones religiosas de los profesionales por delante de las convicciones y los derechos de los ciudadanos".
Los socialistas consideran que es necesario modernizar las leyes y, en este sentido, ha avanzado que van a volver a incorporar el proyecto de ley de muerte digna a su programa electoral, "y en la próxima legislatura un próximo gobierno socialista hará posible una ley nacional de muerte digna que asegure el derecho de todas las personas al respeto de la voluntad de los pacientes y sus familias, que viene avalado por todas las organizaciones profesionales médicas", ha apostillado.
Además, Olmos ha querido hacer un "llamamiento a los profesionales sanitarios" para el cumplimiento de la ley allá donde exista, algo que, según ha comentado, no se está cumpliendo en Galicia, donde reside Andrea. "Los profesionales tienen que respetar las normativas que, como en este caso, tienen aval científico porque hay situaciones en que no hay posibilidad de salvar la vida de una persona y tener una calidad de vida digna y hay que respetar la voluntad de la persona y la familia cuando ha sido expresada previamente".
El portavoz socialista considera que de momento "hay pocas leyes" en las comunidades autónomas que regulen esta cuestión, y las que existen "sólo sirven para los ciudadanos y dentro de su territorio", por lo que ve necesaria una ley nacional.
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