El Principado envía al Ministerio un informe que rechaza la reforma del aborto

Javier Fernández, presidente del Principado.

Redacción. Oviedo
El Gobierno del Principado ha remitido al Ministerio de Justicia un informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada en el que defiende la actual normativa y expresa su "profundo rechazo" a una reforma que, "lejos de ampliar y respetar los derechos de la mujer, vulnera su capacidad de decisión y coarta su libertad sexual y reproductiva". El documento, realizado a instancias del Ministerio, cuenta con el respaldo del Consejo Asturiano de la Mujer, que integra a más de una treintena de asociaciones de mujeres, según indican este domingo desde el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El informe analiza el anteproyecto desde una perspectiva integral "dado que afecta a políticas de igualdad, sanitarias o educativas", y detalla, entre otros aspectos, "su repercusión en los derechos y la salud de las mujeres". También subraya "la incomprensión que suscita una propuesta que contraviene recomendaciones de sociedades científicas y asociaciones de profesionales sanitarios e incluso de instituciones como el Consejo de Europa, que en la resolución 1607 de la Asamblea Parlamentaria destaca la necesidad de garantizar un aborto legal y seguro para las mujeres porque las restricciones impuestas por los estados tienen efectos discriminatorios desde que las mujeres con más medios financieros y mejor informadas pueden usualmente obtener más fácilmente un aborto legal y seguro". "El Consejo de Europa también recuerda la necesidad de garantizar la libertad de las mujeres a controlar sus propios cuerpos y deja claro que a ellas les concierne la decisión última sobre el aborto", argumentan desde el Gobierno del Principado.

Así, el Ejecutivo de Javier Fernández expone que "el anteproyecto elaborado por el Gobierno de España priva a las mujeres mayores de 16 años del derecho a la libre decisión sobre su embarazo en las primeras 14 semanas, reconocido en la Ley Orgánica 2/2013, de 3 de marzo, vigente hasta ahora". La norma "endurece la posibilidad de llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo y reduce a dos únicos supuestos los casos en los que es posible realizarla: grave peligro para la vida o salud psíquica de la mujer y embarazo consecuencia de un hecho delictivo", añade, apuntando que "además establece una tutela avalada por el informe de dos médicos especialistas, que deben encargarse de certificar que la mujer se encuentra en uno de los dos supuestos regulados, exige a la gestante un período de reflexión e impone el consentimiento de los progenitores para las menores de 18 años".

Según indican desde el Principado, "mientras la ley actual concede a la mujer autonomía para tomar una decisión libre e informada, el anteproyecto que se está tramitando elimina su capacidad de elección, desoye su opinión y la somete a la tutela de los profesionales sanitarios". El Gobierno asturiano recuerda en su informe que el aborto "es una realidad en todas las sociedades y que el Estado ha de respetar el derecho a decidir de todas las mujeres, tanto de las que deciden interrumpir su embarazo, como de aquellas que desean continuar con la gestación".

"Según un estudio de 2012, un 52 por ciento de las mujeres que recurrieron al aborto en Asturias tenían hijos a su cargo, un 44 por ciento no disponían de trabajo remunerado, un 30 por ciento no estaban emancipadas y vivían con sus padres y un 28 por ciento eran mujeres inmigrantes", detalla la Administración asturiana.

La regulación no influye en el número de abortos

Con todo, desde el Gobierno del Principado consideran que la ley presentada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón "pretende reducir las interrupciones voluntarias del embarazo limitando los supuestos, pero existen evidencias de que ni la prohibición ni la regulación inciden de forma apreciable en la cantidad de abortos que se practican". “Sin embargo, sí afectan a los lugares y las condiciones en las que se llevan a cabo. Una normativa restrictiva dificulta el acceso de las mujeres pobres, desplazadas y jóvenes a una intervención segura y, por tanto, puede poner en peligro sus vidas y su salud", advierte el Ejecutivo asturiano.

Por otra parte, hace hincapié en la decisión del Gobierno central "de no incluir entre los supuestos despenalizados el aborto por malformaciones fetales", y considera que eso "aumenta el sufrimiento de las mujeres, dilata innecesariamente una situación tan dramática y puede provocar graves repercusiones psicológicas, económicas y sociales en las familias afectadas".

"Los defectos congénitos constituyen una de las principales causas de mortalidad infantil y su impacto global es notable desde la perspectiva de la salud pública", dicen desde el Principado, considerando que "las mujeres tienen que elegir libremente si continúan o no con su embarazo en caso de diagnóstico de afectación fetal y que, si así lo deciden, deben poder acceder gratuitamente a la intervención dentro del sistema sanitario".

Finalmente, el Gobierno autonómico alerta de que "la derogación de la ley actual supondría la desaparición de todas las medidas que incluye en relación con la promoción de la salud sexual y reproductiva lo que limitaría las políticas públicas de carácter preventivo". "La educación de jóvenes sensibles, conscientes y responsables de sus decisiones exige formación en este ámbito adaptada a las diferentes edades", defiende.