El nuevo Plan de Salud incluye estrategias de descentralización

Redacción. Las Palmas de Gran Canaria
El consejero de Sanidad, Jesús Morera, ha anunciado que se traslada al Parlamento el nuevo Plan de Salud de Canarias, “un instrumento que marca las directrices de toda la actividad sanitaria del Archipiélago”.

Reunión del Consejo de Gobierno.

Según ha detallado tras el Consejo de Gobierno, "en él se encuadran todas las acciones de la Consejería para que se realicen de forma coordinada y en aras de conseguir los objetivos de Salud".

Dentro del plan se incluyen diversos objetivos como “incidir y reducir el impacto de los determinantes de la salud en la poblaciones, garantizar la atención a la cronicidad o incorporar las tecnologías de la información al servicio del sistema mediante historia electrónica, especialistas consultores o la telemedicina”.

También se fija como uno de los objetivos prioritarios “garantizar la participación de los profesionales y la ciudadanía con técnicas de descentralización como la creación de las unidades de gestión clínica”. Además, establece otra línea de trabajo denominada ‘Salud en todas las políticas’ que pretende “favorecer la colaboración entre instituciones “incorporando la salud como factor estructural en la política local y también como parte de las educativas, económicas y sociales, haciendo ver que no se trata de un asunto exclusivamente sanitario sino intersectorial”, según han explicado fuentes de la Consejería.

Jesús Morera ha detallado que el Plan de Salud de Canarias es el mismo que se gestó durante la legislatura pasada y que se declaró caduco tras no completarse formalmente su trámite parlamentario en tiempo y forma. La administración liderada por Morera prevé que entre en vigor a comienzos de verano, si se cumplen con normalidad todos los trámites parlamentarios.

Respecto su vigencia, la Consejería explica que durante el año 2015 tanto las gerencias como la estructura del Servicio Canario de la Salud (SCS ) ya han desarrollado algunas de sus directrices por lo que se podrá llevar a cabo una evaluación adelantada a finales de 2017 y elaborar un nuevo plan a partir de 2018 con una vigencia de no menos de cinco años.

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