El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, asegura que una Ley que obligue a la vacunación del profesional sanitario sería constitucional



7 nov. 2012 18:03H
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Javier Leo / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
Si un paciente sufre un daño como consecuencia de un contagio por una falta de vacunación del profesional sanitario (un caso de gripe, por ejemplo), existe un supuesto de responsabilidad de la Administración, que debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a este paciente, sin perjuicio de que después esa propia Administración sanitaria pudiera repercutir el cobro o el pago de la indemnización en aquella persona que en su caso hubiera podido ocasionar el daño. Así lo ha explicado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, que ha participado este miércoles en el seminario ‘Inmunización en adultos. ¿Un reto por alcanzar?, organizado por Pfizer.

Foto de familia de los ponentes del seminario. De izquierda a derecha: Luis Joder, vicepresidente del departamento de Vacunas, Medicamentos y Asuntos Científicos de Pfizer; Berta Uriel, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph); Xurxo Hervada, subdirector general de Información sobre Salud y Epidemiología de la Consejería de Sanidad de Galicia; César Tolosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria; Juan José Francisco Polledo, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Pfizer; Juan José Picazo, presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia y Vacunología (SEQ); Santiago Cuéllar, responsable del Departamento de Acción Profesional del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof); Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; y José Ramón de Juanes, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital 12 de Octubre de Madrid.


En declaraciones a Redacción Médica, Tolosa ha señalado que la posibilidad de obligar por ley al profesional sanitario a vacunarse de la gripe o de otras enfermedades en determinados supuestos “es una opción del legislador” que “no ha existido hasta este momento", a pesar de que "tuvo oportunidad de incluirse en el año 2011 con la Ley de Salud Pública”. En cualquier caso, añade, “la Constitución seguirá permitiendo una solución de esta naturaleza”. A este respecto, el presidente del tribunal cántabro ha mostrado su desacuerdo con “soluciones intermedias” como una hipotética obligación del profesional sanitario de informar al paciente de si está vacunado o no, para que éste tenga la opción de ser tratado por otro profesional si lo desea.

César Tolosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, explica por qué el médico puede cargar con la indemnización si se demuestra que un paciente ha sido contagiado como consecuencia de la no vacunación.

“Casi siempre las soluciones intermedias son malas soluciones”, asevera Tolosa. Esta opción en concreto, eliminada de la Ley de Salud Pública en el trámite parlamentario, “lo que busca es proteger al paciente del sanitario no vacunado (…) pero a mi juicio, y desde el punto de vista  práctico, esa propuesta generaría más problemas (exceso de burocracia) de los que trata de resolver”, ha señalado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Sobre la situación actual de la vacunación de la población general, Tolosa apunta que está sometida a una “voluntariedad matizada” en la que la obligación solo puede darse en casos excepcionales y bajo “conceptos jurídicos indeterminados”, como las situaciones sanitarias de urgente necesidad, los indicios racionales de peligro para la población o el control de enfermedades transmisibles.

Los facultativos de Primaria, los menos dispuestos a vacunarse

Durante el encuentro organizado por Pfizer también se han presentado los resultados de la ‘Encuesta sobre la vacunación de adultos en España. Gripe y Neumococo’, coordinado por el presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia y Vacunología (SEQ), Juan José Picazo. El propio Picazo ha sido el encargado de exponer las conclusiones principales del informe, que ha contado con la participación de 336 profesionales sanitarios y 80 pacientes y del que se desprende que casi ocho de cada diez facultativos seguiría y recomendaría un consenso científico en el que se aconseje la vacunación periódica contra la gripe y el neumococo.

Por especialidades, los más comprometidos con esta causa son los internistas, con una tasa de aceptación/recomendación de entre el 92 y el 97 por ciento. Les siguen los neumólogos (77%), los geriatras (71-74%) y cierran la lista los médicos de Atención Primaria (68-69%). Otro aspecto destacado por Picazo son las reticencias y la falta de confianza de los pacientes ante la vacunación: el 11 por ciento de los encuestados prefería sufrir la enfermedad a ser vacunado y el 14 por ciento dice que no se inmuniza porque “cuando se vacunó contrajo la enfermedad”.


 

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