El Justicia pide desarrollar un protocolo para atender a personas con discapacidad sensorial

Redacción. Zaragoza
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón que estudie la posibilidad de desarrollar un protocolo o mecanismo para que personas afectadas por algún tipo de discapacidad sensorial sean atendidas por los servicios sanitarios de forma adecuada, "sin que dicha discapacidad suponga un obstáculo para ello ni un grave riesgo para su salud".

Fernando García Vicente.

García Vicente realiza esta propuesta en una sugerencia por la que da respuesta a una queja recibida por la institución el 14 de mayo de este año y que tenía como objetivo mejorar la atención recibida por las personas sordas hospitalizadas.

En dicho escrito se ponía de manifiesto una serie de peticiones de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón, que indicaba que, a pesar de que se propuso la inclusión del servicio de interpretación en LSE en el Catálogo de Servicios Sociales "como garante de la accesibilidad a la comunicación y la información de las personas sordas, desde la Administración no se admitió la propuesta".

Según este colectivo "se produce una delegación de la Administración de su responsabilidad de garantizar la accesibilidad, sin articular las estructuras y medios necesarios para la prestación de los servicios de forma estable y suficiente". Asimismo, la agrupación advertía en su queja de la "inestabilidad de la financiación de los intérpretes de LSE. Aún reconociéndose la importancia de la supresión de las barreras de comunicación, la financiación de los servicios de interpretación ha quedado a expensas de la disponibilidad presupuestaria para las convocatorias de subvenciones, incluyéndose en convocatorias de programas y actividades".

Así, en muchas ocasiones la prestación del servicio ha dependido "de la buena voluntad del responsable en ese momento. Se han firmado contratos menores de carácter anual, que han dado comienzo a mitad de año, con lo que dejaban desprotegidas a las personas sordas durante una parte del año y cuya renovación nunca se ha producido porque al año siguiente el tema lo llevaba otro departamento, servicio o responsable que no consideraba que fuera necesario que las personas sordas tuviesen acceso a la información y la comunicación", detallaba esta asociación.

En este mismo sentido, lamentaban que "en los últimos años hemos observado además cómo se ha ido fragmentando y dispersando la responsabilidad de garantizar este derecho de la persona sorda", ya que desde diferentes departamentos del Gobierno de Aragón "se ha ido asumiendo y/o rechazando la responsabilidad de prestar este recurso, lo que ha dado lugar a diferentes formas de proceder en cuanto a la forma de asumir la responsabilidad (subvención, contrato, convenio)".