Redacción. Madrid
El Gobierno propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua. Además, quiere que cumplan unos estándares de calidad y que cuando no los alcancen, los de menos de 20.000 habitantes cedan la competencia a las diputaciones.

José Ignacio Zoido, presidente de la FEMP.

Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Es un documento en el que han trabajado durante semanas un grupo de expertos reunidos por el Instituto Nacional de Administración Pública, que ha pedido la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de otras instituciones territoriales. El documento es la base además de la negociación abierta con el PSOE para acordar un proyecto de reforma común que el Ejecutivo quiere enviar al Parlamento en julio.

En el texto se propone una lista de competencias de los municipios (artículo 25) de la que desaparecen la participación en la gestión de la atención primaria sanitaria y la cooperación en la programación educativa, en la construcción y sostenimiento de centros de enseñanza y en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

"Para evitar duplicidades administrativas", se dice en la iniciativa, se establecerá por ley "con precisión" el servicio o la actividad que le corresponde al municipio, "con estricta separación de las competencias estatales y autonómicas".

Así pues, el texto deja claro que cualquier delegación de competencias entre administraciones "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación". Aunque este punto ya se incluye en la ley todavía en vigor, la propuesta de reforma hace hincapié en que "será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la administración delegante para cada ejercicio económico".

La situación actual

En la actualidad son muchos los ayuntamientos de ciudades y grandes núcleos de población que tienen una concejalía específica de sanidad. Principalmente las competencias que se fijan, además de sanidad animal o mortuoria, son relativas a la salud pública, a la difusión de hábitos saludables y a la prevención de de actitudes y comportamientos de riesgo, competencias que pueden considerarse duplicadas con las de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.