El gestor sanitario debe estar sometido a evaluación periódica

Redacción. Valencia
“Es necesaria la figura del directivo sanitario profesional para abordar una profunda reforma y modernización de las administraciones públicas”, según Francisco Soriano, del Servicio Jurídico del Departamento de Salud de Elda, y socio de Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), que ha defendido recientemente su tesis doctoral sobre el modelo de régimen jurídico y de Recursos Humanos en la Comunidad Valenciana.

Francisco Soriano, del Servicio Jurídico del Departamento de Salud de Elda, y socio de Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa).

Este experto considera que hay que despolitizar la gestión sanitaria a través de nombramientos discrecionales, “de forma que el perfil del directivo público sea el de un profesional de la gestión, un cargo que esté sometido a evaluación periódica, con su gestión basada en acuerdos que tengan marcados objetivos económicos y asistenciales”.

Gobernanza de la gestión pública 

Además, Soriano argumenta que la buena gobernanza de la gestión pública “debe estar basada en la formación y acreditación académica de los directivos públicos profesionales”. En este sentido, aboga por una carrera profesional que incluya un conocimiento profundo de las administraciones y porque los procedimientos de selección sean objetivos y evaluables y que primen el mérito y la capacidad. 

La tesis de Francisco Soriano, que ha merecido el reconocimiento ‘cum laude’, analiza, por una parte, cómo se ha desarrollado en la Comunidad Valenciana, una vez realizadas las transferencias, la gestión por parte del sector público del “derecho a la protección de la salud”, reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, a partir de la implantación del ‘Modelo Alzira’ de gestión indirecta. Asimismo, valora a los directivos del sector sanitario valenciano y a los profesionales sanitarios, dentro de un contexto de heterogeneidad normativa generalizada, donde convive personal estatutario de la Seguridad Social con personal laboral del sector privado. 

Al analizar las distintas formas de provisión de los servicios sanitarios en la Comunidad Valenciana, el experto señala que existen dos. La primera, una directa, a través de los hospitales públicos con personal estatutario y donde la contratación de servicios, suministros y obras se realizan mediante la contratación pública. La segunda, de provisión, la indirecta, a través de la adjudicación de un contrato mixto de gestión de servicio público con ejecución de obra (fundamentalmente hospitales y algún centro de salud) adjudicado bajo la modalidad de concesión.

Bajo este modelo, llamado ‘Modelo Alzira’, están gestionados cinco Departamentos Sanitarios en la Comunidad Valenciana. “En este modelo de provisión, los trabajadores tienen una relación laboral con la empresa adjudicataria y la contratación de servicios, suministros y obras se realizan en el marco del derecho mercantil”, apunta. 

Protección de la salud

Preguntado por el ‘Modelo Alzira’ y el derecho a la protección de la salud, Soriano argumenta que los hospitales de la concesión son hospitales públicos, por tanto tienen como objetivo principal garantizar el derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978.

“La financiación es pública, fundamentalmente a través del pago capitativo. También el control es público a través de las auditorías obligatorias a las que están o deben estar sometidas las Concesiones Administrativas. También el control lo ejercen los Comisionados de la Consejería de Sanidad Universal y de Salud Pública que están ubicados en los hospitales. Asimismo, las Comisiones Mixtas de Seguimiento son un elemento fundamental para el control de la gestión económico-financiera y de los indicadores de calidad asistencial”, explica. Y añade: “en mi opinión, también la Sindicatura de Cuentas debe jugar un papel fundamental en el seguimiento del modelo concesional”. Además, recalca que “el hecho de que la asistencia sanitaria sea un servicio público esencial, no implica que su provisión tenga que ser siempre pública”.

Por último, preguntado por si este modelo sería aplicable a otras regiones, Soriano manifiesta que sí, “pero con cambios organizativos y de gestión importantes. Debe adoptarse un modelo de Gobernanza que permita gestionar los servicios sanitarios o incluso sociosanitarios de forma integral, como el que propone el ‘Modelo Alzira’, a través de Gerencias únicas, presupuestos unificados y, en definitiva, una Administración Pública más moderna que responda de una forma más eficiente a las necesidades de los ciudadanos”.

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