Sanidad diseña un criterio único para evaluar hospitales públicos y privados

Redacción. Madrid
El Pleno del Consejo Interterritorial del próximo 18 de diciembre dará luz verde al proyecto de Real Decreto de estructura y contenidos básicos del registro de actividad de atención especializada. En suma, el proyecto tiene como objetivo establecer un criterio único para la evaluación de la actividad asistencial en los hospitales públicos y privados de toda España, con independencia además de la comunidad en la que se ubiquen.

Mercedes Vinuesa, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación.

Los datos del registro serán públicos y pondrán nota, en base a datos objetivos y comparables, a la calidad de los centros hospitalarios del sistema sanitario español. Según el borrador del proyecto al que ha tenido acceso Redacción Médica, el objetivo del Ministerio es satisfacer “de manera precisa y oportuna la demanda de información para el correcto desarrollo de las funciones de planificación y evaluación de los servicios sanitarios”.

Para ello, esta normativa básica unificará los CMBD establecidos ‘al libre albedrío’ por las comunidades autónomas y actualizará los requisitos comunes establecidos por el Ministerio, que no se modificaban desde 1987. Con ello se pretende servir de “soporte para la elaboración de indicadores de rendimiento”, facilitar el "acceso de los ciudadanos a los datos de carácter público que contiene el sistema de información” y hacer más fácil la gestión hospitalaria, el análisis y "la implantación de nuevos sistemas de financiación en el ámbito estatal”. Es decir, se pretende dar soporte estadístico a cualquier cambio en los modelos de gestión hospitalaria en los que se embarquen las comunidades autónomas.

El Registro de Actividad de Atención Especializada, CMBD, contendrá datos identificativos del paciente, del proveedor, del episodio de atención y clínicos y en su contenido no podrá figurar ningún dato relativo a la ideología, creencia, religión, origen racial, salud ni orientación sexual. La norma, de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, da a los gobiernos territoriales 18 meses para adaptar sus CMBD a los estándares nacionales. Además, también forzará a las autonomías a entregar sus datos en fechas determinadas, medida con la que se pretende evitar la ausencia de datos regionales que impidan la comparativa global del sistema hospitalario.