14 nov 2018 | Actualizado: 21:20

Canarias inicia los trámites para recurrir el RD de prescripción

Solicita la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial

Viernes, 15 de enero de 2016, a las 10:20
Redacción. Tenerife
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha iniciado los trámites para presentar ante el Tribunal Supremo un recurso para que anule el Real Decreto de prescripción en el ámbito de la enfermería. Según ha anunciado  este departamento, en los próximos días llevará al Consejo de Gobierno esta iniciativa para su estudio y aprobación, “por entender que se trata de una norma de imposible cumplimiento y que vulnera el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía”. 

Morera, consejero de Sanidad.

Sanidad ha asegurado que se ha posicionado, “desde el primer momento, radicalmente en contra de la regulación que establece esta normativa, y así lo ha manifestado reiteradamente en múltiples ocasiones”.

Además, tras la publicación en el BOE del citado Real Decreto, la Consejería solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar este asunto”.

Desde la Consejería se espera que “impere entre los profesionales de la salud la sensatez y el sentido común, de modo que no lleguen a adoptarse actitudes ni llevarse a cabo acciones que pongan en peligro ese derecho, que puedan poner en riesgo el trabajo en equipo o que generen conflictos entre los distintos colectivos profesionales”. En esta línea, recuerda que el trabajo conjunto y la colaboración entre profesionales en el ámbito sanitario “es básico para ofrecer una asistencia de calidad y que el criterio fundamental debe ser que la atención al paciente siempre sea la mejor posible”.

En este sentido, se recuerda que en conformidad con lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los profesionales de enfermería tendrán como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés y la salud de la ciudadanía a quien se presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas o, en su caso, de los usos generales propios de su profesión.