Prieto: “La unión de Samur y Summa: ejemplo perfecto de coordinación entre Consejería y Ayuntamiento”

Marta Fernández. Madrid
La gerencia de Madrid Salud se ha mostrado satisfecha con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que devuelve las competencias sanitarias a los ayuntamientos. Sin embargo, la satisfacción es relativa, ya que, según reconocen, los preceptos anulados de la Ley “ni siquiera se estaban aplicando”.

Antonio Prieto.

Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud,  ha explicado que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que obligaba a transferir las competencias sanitarias locales a las consejerías de cada comunidad, “no se pudo aplicar porque no había respaldo económico para ello”. “Las comunidades pedían dinero para asumir esas competencias y, como no se les dio, todo seguía como siempre en todos los ayuntamientos de España”, afirma.

“Lo único que ocurre es que a veces nos tendríamos que coordinar mejor con la Comunidad de Madrid”, ha reconocido Prieto, porque “lo que nos falta es poner muchas cosas negro sobre blanco”. Sin embargo, ha asegurado que “hay voluntad de entendimiento por las dos partes” y, de hecho ”ya se han celebrado numerosas reuniones muy fructíferas como la que ha resultado en la unión de Samur y Summa”.
Y es que, según ha explicado, “la comunicación entre el Ayuntamiento y la Comunidad es fluida y no han existido problemas hasta ahora”. Prieto asegura que ahora que el Constitucional oficializa lo que ya se venía haciendo lo que pretenden es “buscar acuerdos en común”.

“Está claro que la Consejería es la máxima autoridad en Sanidad en Madrid, pero nosotros aún tenemos nuestra parcela de actuación”, ha afirmado Prieto. El gerente ha explicado que el Ayuntamiento actúa mayoritariamente en cuatro parcelas: prevención de drogodependencias, prevención en Salud, prevención de riesgos laborales de personal del consistorio y acciones de salubridad, “unas competencias que ya estaban legisladas mucho antes de que la Sanidad fuera transferida a las comunidades”.

Todo ello tras la sentencia del Tribunal Constitucional anulando varios preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya que considera que invaden competencias de las comunidades autónomas. En este sentido, se ha librado a las autonomías de asumir las competencias de los ayuntamientos en sanidad y servicios sociales.

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