21 de julio de 2018 | Actualizado: Sábado a las 20:00

La 'guerra sucia' por las plazas de hospital, en primera persona

Jerónimo Villamón aguantó coacciones y amenazas por aceptar una suplencia

La 'guerra sucia' por las plazas de hospital,  en primera persona
Juanma Fernández
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Sábado, 18 de junio de 2016, a las 20:00
La historia profesional de Jerónimo Villamón es la de aprender a convivir con lo que él define como “la genética de jefe” o, para ser más concreto, “la casta hereditaria de los jefes de servicio”. Él, como presuntamente tantos otros médicos, es uno de los afectados por las coacciones en las plazas de los hospitales de la Comunidad Valenciana. Licenciado en 1995 y con más de 4.000 operaciones de columna en su currículum, este traumatólogo acaba de emprender el camino de la querella penal contra Francisco Baixauli, jefe de Traumatología del Hospital La Fe de Valencia.

“El 18 de mayo me tocó el regalo trampa”, afirma a LA REVISTA de Redacción Médica. Lo dice porque ese día le llegó un correo electrónico de la bolsa de trabajo con la noticia de una vacante en el servicio del citado hospital. “Llamé y me dijeron que el doctor Baixauli ya no estaba; que llamara al día siguiente entre las 8:05 y las 8:10 de la mañana”, explica. Y eso hizo. Telefoneó puntualmente, y al otro lado de la línea encontró al que iba a ser su responsable. “Me preguntó si era cirujano de columna, que es una dedicación no muy habitual, y cuando le dije que sí no me creía; cosa que puedo entender porque creo que no había visto mi currículum y podía pensar que lo estaba engordando”, afirma Villamón.

Jerónimo Villamón.

En cualquier caso, le emplazan a una cita el 20 de mayo, la cual define como “desagradable”: “Duró tres minutos”, matiza. “Llego y me dice que esa plaza ya no está disponible porque justo el jueves por la tarde ha reestructurado el servicio y ha puesto en ese lugar a otra persona”, cuenta el afectado. Sin embargo, lo peor llegó unos segundos después, cuando Baixauli decidió añadir que si elegía la plaza “no iba a ser una situación agradable para mí”. Villamón, tras esto, disponía de 24 horas para decidir si finalmente se quedaba la plaza. “Le llamé al día siguiente y le dije que la aceptaba”.

“Intenté explicarle que de él dependía que pudiéramos reconducir la situación, aunque ya me había advertido de lo que iba a pasar”, comenta. Tanto es así, que cuando llamó a Personal para confirmar que se quedaba con la plaza de La Fe, “no se lo creían”. “Me llegaron a preguntar: ¿estás seguro?”, recuerda. Aclarado todo, le emplazaron a que acudiera al centro con la documentación necesaria para hacer el contrato. “Ese mismo día, me vuelve a llamar Baixauli para decirme que finalmente va a retirar la oferta. Le dije que no le creía capaz de llegar a ese punto, pero lo hizo”, arguye este profesional.

El siguiente paso estaba claro: “Llamé a La Fe para solicitar una reunión con Recursos Humanos y con el gerente del centro, Mónica Almiñana. Además, me puse en contacto con mi abogado”. Sin embargo, aquella iniciativa parecía no tener demasiado efecto, por lo que Villamón decidió insistir: “El lunes 6 de junio rehíce la reclamación y la volví a poner”, añade. Curiosamente, al día siguiente, el 7 de junio, estallaba en la prensa el caso de la grabación de las coacciones de una médico a otra para que no aceptara una plaza de Anestesiología en el Hospital Clínico de la capital valenciana. “Me citan entonces para una reunión el día 13 a la que yo, por mi trabajo, no puedo asistir”, aclara.
DESTAPE Y ‘EFECTO LLAMADA’
El pasado 7 de junio, la sanidad pública valenciana se despertaba con una grabación que daba testimonio de cómo funcionan presuntamente algunos servicios hospitalarios. En concreto, una médico coaccionaba a otra para que no aceptara una plaza de Anestesiología en el Clínico de Valencia. En apenas 72 horas, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana notificaba 9 denuncias más por prácticas similares, e incluso la prensa regional se hacía eco de una enfermera afectada por el mismo hecho. Un torrente de acusaciones que han hecho que la Fiscalía vaya a intervenir en el caso, más allá de las decisiones que pueda tomar tanto el Colegio de Médicos de Valencia como la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública. Esta última ya avisó hace meses de que se respetaran los criterios de la bolsa; además, ahora mismo se encuentra en plena negociación con los sindicatos del nuevo decreto que regulará estas prácticas, acabando quizá con una arbitrariedad petrificada por el tiempo y los abusos de poder. 

Villamón no considera que su caso, como el de tantos otros médicos, sea una novedad. “En 1995, cuando era residente en el Clínico, el que por entonces era mi jefe ya hizo un chanchullo con la bolsa de trabajo. Recuerdo que vino un chico que, a pesar de las coacciones, decidió quedarse con la plaza. Este jefe de servicio le amenazó entonces con que no iba a operar en cinco años si se quedaba en el servicio y, efectivamente, lo tuvo todo ese tiempo trabajando en el ambulatorio”, rememora. Ahora bien, una cosa es que lleve pasando varias décadas y otra que no haya salido a la luz. “Yo tengo la fortuna de trabajar en la privada, lo que me da la libertad de no depender de la pública, poder denunciar y no tener que ocultar estas prácticas generalizadísimas”, explica Villamón. El facultativo cuenta que hay servicios donde el trabajo está “muy coaccionado”, y suma un matiz que retrata con habilidad no solo la presunta impunidad sino la connivencia con el sistema establecido. “Yo tengo algún ‘topo’ en ese servicio y he sabido que hace unos días hubo una reunión donde la jefa clínica de la Unidad de Columna tomó la palabra para pedir que se cerraran filas en torno al doctor Baixauli, proponiendo incluso redactar un manifiesto en este sentido”, afirma.

Fachada del Hospital La Fe (Valencia), donde se desarrolla la historia de Villamón.

En las palabras de Villamón se intuye la desazón que en su vida profesional ha generado esta realidad de los servicios hospitalarios. De hecho, sin conocer todavía qué determinación tomará la justicia sobre su caso, para él ya es un triunfo que todos estos incidentes hayan salido a la luz. “Les viene bien que sufran y padezcan, después de todo lo que han hecho con tantos profesionales”, sentencia. Del mismo modo, se siente reconfortado con la presencia de las amenazas en el papel de prensa, pues considera que es el camino definitivo para que todo esto deje de ocurrir: “Esto va a suponer, sin duda, un antes y un después en la manera de funcionar de los servicios”, admite con esperanza.

El pasado jueves, 16 de junio, Villamón tuvo su último encuentro con los responsables del hospital. En concreto, el facultativo se reunió con la directora médica, María Jesús Arilla, y el director de Recursos Humanos del centro. Un encuentro que duró veinte minutos y que resultó “un rotundo fracaso”. “Les he pedido su opinión personal sobre lo que me ha pasado y me han dicho que no pueden opinar y que además no están para eso”, comenta el traumatólogo. Este narra que en el encuentro, ambos gestores se referían recurrentemente a la actuación de Baixauli como “una falta”: “Les he tenido que parar y aclararles que no es una falta sino un delito que se llama prevaricación administrativa”, añade Villamón. Ante esta situación, los directivos le explicaron que el citado jefe de servicio tiene abierto “un expediente informativo desde hace tres semanas”. Palabras que de poco le sirvieron a este afectado tras admitir que una de las cosas que más le sorprendieron de la incómoda cita fue “que ninguno de los dos tenía ni idea del aspecto jurídico sobre el que estábamos hablando”. “Este detalle me pareció la última falta de profesionalidad del centro”, asevera sobre una guerra cuyo último capítulo aún está por llegar.