Opacidad en Igualdad con los abortos no obligatorios en la pública

Silencio. Esa es la respuesta del Ministerio de Igualdad a través de Transparencia ante el hecho de que la reforma de la ley del aborto impulsada por la ministra Irene Montero no obliga a que todos los hospitales públicos de España practiquen interrupciones voluntarias del embarazo. Y es que Montero deslizó esta idea como un objetivo de la norma durante toda la tramitación de la citada reforma; e incluso tras su aprobación y publicación en el BOE el pasado mes de marzo, la ha deslizado para responder al PP en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, según ha informado este medio, a lo que en realidad están obligados los hospitales públicos es a garantizar el acceso a abortar, pero no en un centro público únicamente, ni se obliga a estos a tener en plantilla a profesionales que los practiquen. De hecho, la propia ley avala las derivaciones a centros privados o concertados. Algo que, según ha podido saber este medio, Igualdad no reconoce en las solicitudes de Transparencia que le preguntan en este sentido, optando por "inadmitir" a trámite dichas consultas, argumentando que se "solicita una información que habría que confeccionar ad hoc..."