Fiscalía pide 7 años de tratamiento psiquiátrico a la enfermera de Kabiezes

La Fiscalía ha solicitado la absolución a la enfermera acusada de simular vacunaciones en el centro de salud de Kabiezes en Santurtzi al considerar que concurre la "eximente completa" del trastorno delirante que presentaba, y ha propuesto la imposición de 7 años de tratamiento psiquiátrico e inhabilitación para profesiones sanitarias. Los representantes de Osakidetza, el Colegio de Enfermería y la defensa se han sumado a esa petición, mientras que la acusación particular que representa a medio centenar de familias de los menores afectados mantiene la petición de prisión, aunque menor que la inicial, y plantea 7 años y 6 meses de cárcel.
 
La Audiencia de Bizkaia ha acogido este viernes la última sesión del juicio contra esta enfermera, que trabajó desde febrero de 2021 hasta septiembre de 2022 en el servicio de Pediatría de Kabiezes y donde tenía entre sus funciones administrar las vacunas correspondientes a 404 menores. El proceso ha quedado visto para sentencia.
 
La enfermera estaba acusada de no poner esas vacunas conforme a calendario vacunal y las indicaciones de las guías en esta materia y de registrar esas vacunaciones en la historia clínica digital y en las tarjetas que se entregan a los progenitores. Tras conocerse este pasado jueves el informe de los forenses expertos en Psiquiatría sobre el estado de la acusada, la Fiscalía ha decidido modificar su escrito inicial para recoger que presentaba "un trastorno por ideas delirantes que le causaban una anulación total de sus capacidades volitivas y cognitivas para los hechos imputados".
 
Así, el fiscal -que en su escrito inicial planteaba 7 años y medio de prisión, entre otras medidas, por sendos delitos de daños y falsedad documental- ha decidido solicitar la absolución a la enfermera acusada de simular vacunaciones en el centro de salud de Kabiezes en Santurtzi al considerar que concurre la "eximente completa" del trastorno delirante que presentaba. Asimismo, ha propuesto la imposición de "medidas de seguridad" de 7 años de tratamiento médico externo pautado por un especialista en Psiquiatría e inhabilitación para el ejercicio de profesiones sanitarias (2 por daños y 5 por falsedad documental).

Indemnización de 20.000 euros

 
En concepto de responsabilidad civil, pide una indemnización de 20.000 euros por los costes del proceso de vacunación que Osakidetza tuvo que iniciar para innocular las vacunas no administradas. El fiscal ha considerado que, en el juicio, ha quedado acreditada "la manera en que vacunaba" la acusada a través de los testimonios de familias y profesionales, la ausencia de reacción en los pequeños y los resultados de las serologías efectuadas. Igualmente, ha señalado que "no cabe duda" de la falsedad en los registros de vacunas ni sobre los daños porque "se produce un menoscabo" de las vacunas que "se desprecian".
 
Por su parte, la acusación particular entiende que "no concurren circunstancias eximentes ni atenuantes de responsabilidad criminal ni completas ni incompletas" y, por ello, mantiene la petición de prisión, en concreto, 2 años y 6 meses por daños y 5 años por falsedad documental (inicialmente solicitaba entre 12 y 17 años de cárcel e incluía también acusación por malversación). Además, solicita 9.000 euros de multa e inhabilitación por el mismo periodo de la condena.
 
El abogado de las familias ha anunciado, igualmente, que se reservan la posibilidad de acciones civiles frente a "los eventuales responsables" que pueda haber. El letrado ha advertido de que se trata de "uno de los casos más graves de quebrantamiento de la confianza pública en el ámbito sanitario que han llevado los tribunales españoles". "Durante año y medio, la acusada simuló sistemáticamente la administración de vacunas a 404 menores. No se trata de un acto aislado, de un momento de confusión, de un error. La prueba practicada ha demostrado que estamos en una conducta planificada, reiterada y plenamente consciente", ha asegurado.

"Un peligro" para la salud pública

 
Según ha indicado, su "acción delictiva se repitió cientos de veces" y suponía "un peligro" para la salud pública. A su entender, la acusada "jugó conscientemente a la ruleta rusa con la vida de estos menores". El abogado ve "ambigüedad" en el informe de los psiquiatras sobre la acusada porque "no afirma categóricamente una anulación de facultades". A su entender, "una mente anulada no puede mantener un engaño tan sofisticado durante tanto tiempo" y, además, "las creencias no eximen de responsabilidad". "Actúa motivada por sus convicciones antivacunas, exacerbadas tras la pandemia, pero no son causa de la inimputabilidad", ha apuntado.
 
El abogado ha cuestionado "cómo es posible que nadie detectara" en el servicio de Salud lo que estaba haciendo y ha considerado "grave" que "inicialmente archivara el expediente y no iniciara la vía penal". Por su parte, el representante de Osakidetza, que se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía, ha defendido la "conducta impecable" del Servicio Vasco de Salud porque "ha actuado cuando ha tenido conocimiento de una forma radical para cortar lo que estaba ocurriendo y, además, para solucionar lo que había ocurrido".
 
El abogado ha recordado que las primeras quejas de las familias se recibieron del 2 al 4 de septiembre de 2022 y es "cuando Osakidetza puso en marcha su maquinaria", y ha defendido que el procedimiento administrativo "se hizo correctamente". Además, ha precisado que desde que el 12 de septiembre de ese año cogió baja por enfermedad "hasta hoy no ha vuelto a pisar su puesto de trabajo, con lo que "no es que haya estado trabajando sabiendo Osakidetza lo que ocurría, sino todo lo contrario".

Tratada en Psiquiatría

 
El letrado ha señalado que, si bien la acusada estaba recibiendo tratamiento en Psiquiatría, Osakidetza "no tiene por costumbre entrar en la historia clínica de sus 40.000 trabajadores para ver si padecen algún tipo de patología que les impide trabajar o no" porque estaría "vulnerando sus derechos fundamentales en la protección de datos".
 
Por su parte, el representante del Colegio de Enfermería ha considerado "adecuadas las medidas de seguridad" propuestas por el fiscal ya que la acusada "necesita un tratamiento psiquiátrico porque tiene un problema" y, además, inhabilitación para el ejercicio de las profesiones sanitarias, "que es precisamente el ámbito en el que se han reflejado estas problemáticas".
 
Finalmente, la defensa, que también se ha sumado a las calificaciones de la Fiscalía, ha subrayado que el informe forense de los psiquiatras sobre la acusada es "concluyente y categórico". "Si no se quiere entender, hay una mala fe, un intento de seguir mediatizando en lo público", ha afeado a la acusación particular uno de sus abogados, que ha insistido en que "una persona que es inimputable no es capaz de discernir su actuación en ese momento, no está jugando a la ruleta rusa con niños".
 
El defensor, que ha considerado que se ha aprovechado "la crisis del covid para tener una enfermera antivacunas en Euskadi", ha considerado que la acusación particular "ejerce su derecho a la acusación de forma abusiva, convirtiéndola en un instrumento de hostigamiento en lugar de una herramienta para la búsqueda de la verdad material".
 
En su opinión, hay "una mala fe por la generación de un perjuicio innecesario, prolongando la exposición pública del caso, la angustia y los gastos de defensa", además de "perjuicio a la administración pública". Por ello, ha solicitado "la expresa condena en costas" a la acusación particular.