Enfermería, médicos y pacientes piden retirar la Ley de Farmacia de Madrid

Por primera vez, médicos, enfermeras y consumidores se han unido contra una iniciativa que legisla la farmacia comunitaria, concretamente la que está en trámite de aprobarse por parte de la Comunidad de Madrid. En un manifiesto conjunto, el Consejo General de Enfermería, el Sindicato de Enfermería (Satse), organizaciones de consumidores y sociedades científicas han instado al organismo autonómico a realizar una nueva ley “que tenga en cuenta a todos los agentes implicados”

Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería.

“Consideramos que los grupos parlamentarios deben rechazar de pleno este proyecto de ley e instamos a los organismos a elaborar una nueva en la que se tenga en cuenta a todos los agentes implicados. Deben ser conscientes de las competencias de los distintos profesionales y no comprometer el carácter público gratuito y universal de la sanidad madrileña”, ha introducido Sara Gascó, secretaria general del Colegio de Enfermería de la Comunidad de Madrid.

La vocal de las enfermeras madrileñas ha denunciado -acompañada de un nutrido grupo de profesionales sanitarios- que el proyecto que pretende aprobar Madrid pone “en peligro” la salud del paciente puesto que “los farmacéuticos no tienen acceso a la historia clínica del usuario, ni saben de su patología o medicación”.

Separación obligatoria

Los médicos, que se pronuncian por primera vez en contra de esta incitativa de las boticas, han denunciado que el anteproyecto de ley está “incumpliendo” una legislación estatal puesto que está dando capacidades a un profesional sanitario "cuando en España la legislación establece una separación obligatoria, entre la que hace la prescripción y el que dispensa el medicamento". “Con esta ley se abre la posibilidad de que la persona que está con el interés económico en la dispensación del medicamento forme parte del diagnóstico”, ha denunciado Ana Jiménez, la secretaria territorial de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). 

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El anteproyecto de ley de farmacia domiciliaria está “incumpliendo” una ley estatal

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Gascó ha añadido además que si Madrid continúa con el proyecto, el Colegio de Enfermería de Madrid tiene pensado llevar a cabo acciones legales contra la Consejería de Sanidad.  Sin embargo, Madrid no es la única provincia que podría estar preparando una ley semejante, por lo que Satse tampoco descarta emprender acciones. “Nos hemos reunido con diversos partidos políticos y estamos expectantes a ver qué es lo que va a ocurrir, no descartamos nada”, ha manifestado la representante sindical de la comunidad, Teresa Galindo. Por su parte,  los médicos esperan que esta reacción sirva de aviso.  “Confiamos en que sirva para parar el resto de iniciativas de farmacia comunitaria en las diferentes CCAA”, han explicado.

Todos los asistentes de la mesa han coincidido en que "lo que ocurre en Madrid" es un paso para el resto de CCAA por lo que esperan que esta ley de farmacia comunitaria "se pare aquí". Aseguran que han puesto sobre la mesa de la Consejería de Madrid diferentes soluciones para que no se den estas competencias a los farmacétuicos. "La solución es potenciar la Atención Primaria, hacen falta más enfemreras y más profesionales sanitarios", ha añadido la delegada sindical asegurando que también han puesto sobre la mesa potenciar la farmacia comuntiaria que ya existe dentro de la Comunidad de Madrid. 

Ana Jiménez, secretaria terrotirial de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts);  Esther Nieto, de la junta directiva de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familia y Comunitaria (Semap); Sara Gasco González, secretaria del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid; Teresa Galindo, secretaria del Sindicato de Enfermería, Satse, Madrid;  Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública madrileña.

"No descartamos ponernos a negociar una ley de Farmacia, y también pedimos una Ley de Enfermería", ha concluido Satse alegando la necesidad de que las "enfermeras empecemos a definir nuestras funciones dentro de la comunidad". A todo ello, hay que añadir las denuncias de algunos consumidores, como es el caso de Facua, que asegura que han recibido quejas relacionadas con farmacéuticos que les recomiendan medicamentos fuera de sus competencias. 

A la lectura del manifestó han acudido, Francisco Javier Carrasco, presidente de la Federación de Asociaciones de Enfermería de carácter Científico (Faecap) y en representación de la Asociación de Enfermería Comunitaria; Ana Jiménez, secretaria terrotirial de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts);  Esther Nieto, de la junta directiva de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familia y Comunitaria (Semap); Sara Gasco González, secretaria del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid; Teresa Galindo, secretaria del Sindicato de Enfermería, Satse, Madrid;  Marciano Sánchez-Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública madrileña;  Ángeles Castellano, portavoz de Facua Madrid; y Jose Manuel Corbelle, presidente de la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE). 

Caso El Boalo

Sobre el caso de la farmacia de El Boalo, que llevó al alcalde de la localidad a defender un acto declarado ilegal por los Servicios de Inspeccion de la Comunidad de Madrid, Gascó ha incidido en las irregularidades que estarían cometiendo. “Parece ser que la médica y la farmacéutica se están pasando la información”, por lo que habría “un incumplimiento de la ley de protección de datos”, además de la ilegalidad cometida por la farmacéutica al visitar a pacientes a domicilio.

Además Gascó ha explicado que la enfermera de Atención Primaria de la localidad, “que desde enero a octubre visitó 161 domicilios todos ellos de personas mayores de 80 años”, se enteró por casualidad. Según los datos que conoce el Colegio de Enfermería de la comunidad, el Ayuntamiento pagaba 35 euros al profesional de la Farmacia por usuario que iba a visitar a su casa y, a su vez, cada usuario pagaba entre dos y seis euros por el servicio.

Esther Nieto y Sara Gasco González charla con Rafael Reig, secretario de Acción Sindical de SATSE.