Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid.

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Madrid

El Sermas defiende el carácter meramente informativo de las cláusulas de confidencialidad

En la comisión se ha abordado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los hospitales públicos y la situación de las clínicas acreditadas

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La planificación de los recursos humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y las condiciones en las que se presta la asistencia pública han centrado parte del debate de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid. Durante la sesión, Más Madrid ha cuestionado la suficiencia de las plantillas, la organización de los traslados en Atención Primaria y el alcance de los nuevos documentos de confidencialidad para los profesionales. También se ha abordado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los hospitales públicos y la situación de las clínicas acreditadas.

En respuesta a las preguntas sobre las necesidades de personal, el director general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Miguel Ángel Rodríguez Villa, ha asegurado que la Consejería de Sanidad dispone de información actualizada y permanente sobre efectivos, plantillas, vacantes, jubilaciones previstas y dificultades de cobertura. Según los datos que ha ofrecido, durante la legislatura se han creado 3.200 nuevas plazas y ha aumentado en 2.639 el número de profesionales del Sermas.

Rodríguez Villa ha explicado que la planificación distingue entre necesidades estructurales, que pueden requerir la creación o adecuación de plazas, y necesidades coyunturales, que se atienden mediante contrataciones, sustituciones y refuerzos. También ha vinculado el crecimiento de las plantillas a distintos programas y planes asistenciales, entre ellos los de Atención Primaria, Salud Mental y Adicciones y Urgencias Hospitalarias.

El Sermas defiende el carácter informativo del documento de confidencialidad

Una de las cuestiones planteadas por Marta Carmona, diputada y portavoz de Sanidad de Más Madrid, ha sido la actualización de los documentos de confidencialidad para el personal sanitario del Sermas. La diputada ha leído fragmentos del documento que, según ha explicado, tuvo que firmar. En concreto, ha cuestionado que se exija mantener "absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato" conocido durante el desempeño de la función y que se prohíba la salida de información del hospital obtenida de sus sistemas o de otras fuentes por cualquier medio.

Carmona ha considerado que esa redacción puede confundir la protección de los datos personales y clínicos de los pacientes con la información sobre el funcionamiento de los centros, las condiciones laborales o los problemas asistenciales. A su juicio, el documento podría disuadir a los profesionales de comunicar incidencias, acudir a sindicatos o abogados o aportar pruebas sobre posibles irregularidades.

Rodríguez Villa ha explicado que el Sermas ya disponía de documentación sobre confidencialidad y deber de secreto, cuyo último texto actualizado, según ha indicado, databa de junio de 2021. Ha señalado que la Dirección General ha revisado el documento para incorporar cambios normativos, entre ellos, los derivados de la Ley 2/2023 y homogeneizar su aplicación en todos los centros.

El director general ha defendido que el nuevo texto tiene carácter informativo y no crea obligaciones adicionales, sino que deja constancia de que el profesional ha recibido información sobre los deberes que ya establece la normativa. También ha manifestado que el documento que Carmona decía haber firmado no coincidía con el modelo distribuido por su Dirección General.

En su réplica, la diputada ha asegurado que firmó el documento con un "no conforme" y ha mostrado una captura de un sistema de historia clínica que, según ha explicado, no incluía datos personales y habría servido para documentar cambios en la prioridad de pacientes en las urgencias del Hospital de Torrejón. Carmona ha sostenido que el nuevo acuerdo podría dificultar que los profesionales aporten pruebas de problemas asistenciales.

En su última intervención, Rodríguez Villa ha afirmado que la protección de la confidencialidad de los pacientes es compatible con el derecho de los profesionales a comunicar posibles irregularidades por los cauces legalmente establecidos. Ha asegurado que ninguna instrucción de la Consejería pretende limitar la libertad de expresión ni impedir esas comunicaciones y ha reiterado que el documento actualizado es informativo y solo requiere que el trabajador deje constancia de haberlo recibido.

Más Madrid pregunta por el informe interno 'La casita'

Carmona ha preguntado al director general por un supuesto informe interno de la Consejería de Sanidad, fechado el 30 de junio de 2026 y titulado 'La casita'. Durante su intervención, Carmona ha asegurado que el documento recoge que el presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid "no cubre ni siquiera la plantilla autorizada" y ha atribuido al texto un diagnóstico crítico sobre la inversión sanitaria y el poder adquisitivo de los facultativos.

La parlamentaria ha afirmado que el informe estaría archivado por la jefa de gabinete de la consejera y ha cuestionado que su autora no figure, según ha señalado, en el organigrama de la Consejería ni disponga de correo corporativo. También ha sostenido que el documento refleja que, al ajustar las retribuciones al coste de vida y de la vivienda, los médicos madrileños tendrían el peor poder adquisitivo del país. Estas afirmaciones corresponden a la descripción que Carmona ha realizado del supuesto informe durante la comisión.

Rodríguez Villa no ha confirmado ni desmentido conocer el documento ni ha valorado directamente las conclusiones que le atribuía la diputada. En su respuesta, ha defendido que la Consejería cuenta con sistemas de información para analizar las necesidades de plantilla y que estas se incorporan a los instrumentos de planificación presupuestaria.

En el turno de réplica, Carmona ha insistido en preguntar si el director general conocía 'La casita' y si compartía sus conclusiones. También le ha planteado si el Gobierno prevé medidas para mejorar las retribuciones de residentes y médicos en los primeros años tras finalizar la especialidad. Rodríguez Villa ha vuelto a remitirse a la planificación de recursos humanos y a la evolución de las plantillas, sin responder de forma específica a esas dos cuestiones.

Atención Primaria: traslados y continuidad de los pacientes

La longitudinalidad en Atención Primaria ha sido otro de los asuntos abordados. Carmona ha criticado la forma en que se ha resuelto el concurso de traslados de médicos de familia y pediatras, que, según ha denunciado, se publicó sin previo aviso y coincidiendo con el inicio de la campaña de la gripe. La diputada ha citado las peticiones de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) para flexibilizar los plazos de incorporación, contemplar aplazamientos justificados y planificar con mayor antelación estos procesos.

Carmona ha defendido la importancia de mantener relaciones estables entre médicos y pacientes y ha citado durante su intervención un dato según el cual contar con la misma médica de familia durante 15 años reduciría un 25 por ciento la mortalidad. También ha afirmado que más de 150 médicos de familia se habrían visto afectados por los movimientos derivados del concurso y ha cuestionado que la apertura de nuevos centros de salud pueda garantizar la continuidad asistencial si no se acompaña de profesionales suficientes.

La directora general asistencial, Almudena Quintana, ha defendido que ampliar la red de centros de salud y preservar la longitudinalidad no son objetivos incompatibles. Ha explicado que, cuando se sustituye o renueva un centro existente, se mantienen los equipos y las asignaciones de pacientes, mientras que la apertura de un dispositivo para atender a una población que dependía de otros centros puede exigir redistribuir el territorio, configurar nuevos equipos y asignar profesionales de referencia.

Quintana ha señalado que, cuando las circunstancias lo permiten, los profesionales que ya atienden habitualmente a esa población pueden incorporarse al nuevo centro. También ha indicado que los ciudadanos reciben información individualizada y mantienen el derecho a la libre elección de médico, pediatra o personal de enfermería.

La responsable asistencial ha añadido que más del 80 por ciento de los médicos de familia y más del 70 por ciento de los pediatras son titulares de las plazas que ocupan, según los datos expuestos en la comisión. Asimismo, ha mencionado medidas de incentivación para categorías deficitarias, puestos de difícil cobertura, centros rurales y determinados turnos. Quintana ha reconocido, no obstante, que la disponibilidad de profesionales médicos sigue siendo una dificultad.

En su réplica, Carmona ha denunciado que el centro de salud de Parla Este, según sus palabras, está inaugurado pero "día sí, día también, no tiene ni un solo médico de familia", una afirmación de la diputada que no ha sido abordada específicamente en la respuesta de la directora general.

El 0,5 por ciento de las IVE se realizó en hospitales públicos, según los datos citados por el PSOE

La diputada socialista Lorena Morales ha llevado a la comisión el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos madrileños. Según las cifras que ha aportado, en 2025 interrumpieron su embarazo 18.221 mujeres residentes en la Comunidad de Madrid y 92 fueron atendidas en hospitales públicos, lo que representa alrededor del 0,5 por ciento. Morales ha añadido que solo uno de esos procedimientos fue quirúrgico y ha afirmado que el 96 por ciento de las mujeres elige este método.

La parlamentaria también ha cuestionado la atención a las mujeres que necesitan una interrupción por causas médicas después de la semana 14 de gestación. Según ha expuesto, de los siete centros acreditados para estos casos en la región, solo uno sería hospitalario. Morales ha denunciado que algunas pacientes tendrían que acudir a una clínica privada para detener el latido fetal y regresar después al hospital público para completar el proceso. La diputada ha sostenido que este circuito añade sufrimiento a mujeres que afrontan embarazos no deseados y complicaciones médicas.

Morales ha criticado asimismo las condiciones económicas de las clínicas acreditadas. Ha afirmado que sus tarifas llevan 22 años congeladas, que no disponen de un convenio o acuerdo estable y que la Administración recurre a contratos menores, con retrasos en los pagos que, según su denuncia, pueden alcanzar un año.

La directora general asistencial ha defendido que la IVE es una prestación sanitaria reconocida legalmente y que los hospitales públicos participan en la atención de los casos que requieren recursos especializados, patologías maternas o fetales o la intervención de distintos profesionales. Quintana ha explicado que la Unidad IVE del Servicio Madrileño de Salud proporciona información individualizada, gestiona el reconocimiento de la financiación pública y coordina el acceso a los centros que realizan los procedimientos.

La responsable ha señalado también que la organización de esta prestación debe respetar el derecho individual a la objeción de conciencia de los profesionales, compatible, ha indicado, con la obligación de garantizar el acceso. En su réplica, Morales ha insistido en que la respuesta no aclaraba cómo se realizan las interrupciones en los hospitales y ha reiterado que, a su juicio, estos procedimientos no se están llevando a cabo allí de forma efectiva.

Quintana ha respondido que el acceso no debe evaluarse exclusivamente por el número de procedimientos realizados en cada centro, sino también por la existencia de barreras, el cumplimiento de los plazos, la información que reciben las mujeres y la respuesta a las necesidades clínicas.

Morales ha preguntado además por el registro de objetores de conciencia y por la falta de avances que, según ha denunciado, observa desde que terminó la consulta pública sobre su creación el 19 de mayo. Quintana no ha concretado en su intervención un calendario para su puesta en marcha.