La ley gallega de salud seguirá su trámite en el Constitucional

La Xunta de Galicia y el Gobierno central han acordado iniciar los trámites para convocar la comisión bilateral de cooperación en la que se tratarán de clarificar las discrepancias surgidas sobre la Ley de Salud de Galicia. La reunión técnica de este lunes no ha permitido eliminar las diferencias, por lo que el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que impulsa el Estado seguirá su tramitación.

Así lo ha ratificado la Xunta en un comunicado en el que explica que el Ejecutivo central trasladó al gallego su intención de no retirar el recurso de inconstitucionalidad que está pendiente de ser admitido a trámite por el alto tribunal (y en su listado inmediato de asuntos a abordar en el pleno de esta semana).

La Xunta también incide en que el Ejecutivo central "descarta levantar su suspensión". Y es que lo que dice la normativa es que, si el Gobierno central ha pedido la suspensión cautelar de los preceptos que recurre y estos son admitidos a trámite por el TC, quedarían suspendidos.

La Xunta afirma que "lamenta y no comparte" esta decisión del Gobierno central "sin que se lleve a cabo una negociación previa en el marco de la comisión bilateral" y considera que "se produce así un trato discriminatorio frente a otras comunidades que regularon cuestiones que recoge la Ley de Salud de Galicia con una norma con rango de ley".

Pese a todo, sostiene que mantiene la voluntad de "debatir y avanzar en este tema".

Reforma de la Ley de Salud de 2008

La reforma de la Ley de Salud de 2008 de la Xunta de Galicia fue aprobada a finales de febrero en el Parlamento de Galicia con 41 votos a favor y 32 en contra. Una norma que ha acarreado una enorme discusión en su debate, dado que el texto permite al gobierno gallego obligar a la administración de determinadas vacunas, como la del coronavirus Covid-19, con el fin de velar por la salud de los pacientes, "ofreciendo mayor seguridad júridica" al Ejecutivo. 

La modificación legislativa ha contó con diferentes enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición que calificaro las medidas de carácter "restrictivo" y "punitivo", como fue el caso de la portavoz del BNG, Iria Carreiro Pazos, que criticó duramente al gobierno de la Xunta por "no asumir su responsabilidad” y poner el foco en la “responsabilidad individual”. “Suprimen derechos, imponen y obligan pero no ofrecen ninguna medida”, afirmó Carreiro.