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El Sergas ya atiende a un millar de inmigrantes irregulares

El Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública garantiza la asistencia sanitaria en la comunidad gallega

El consejero de Salud, Jesús Vázquez Almuíña
El Sergas ya atiende a un millar de inmigrantes irregulares
Redacción
Viernes, 18 de agosto de 2017, a las 12:40
Al menos un millar de inmigrantes irregulares se han acogido al Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública, que garantiza la asistencia sanitaria dentro de los límites geográficos de la comunidad gallega.

Esta medida acoge a los extranjeros que residen en Galicia de forma estable y carecen de papeles y de recursos económicos suficientes -no se pasan del Iprem, fijado en 537 euros al mes-, al tiempo que no tengan derecho a los servicios sanitarios por otra vía, tal y como informa La Opinión de A Coruña.

Según datos facilitados por la Consejería de Sanidad, son en total 997 que están anotados ahora en el plan, que requiere inscribirse y cumplir con una serie de trámites burocráticos, aunque desde que se creó se beneficiaron de la medida un total de 3.860 inmigrantes. La iniciativa está pensada como una solución de carácter temporal -hasta la regularización de la situación, apunta el Sergas- y una parte de los beneficiarios se da de baja cuando accede a un nuevo régimen, por ejemplo si encuentra un trabajo.

Desde el departamento dirigido por Jesús Vázquez Almuíña aseguran que la solicitud para anotarse "es sencilla" y puede realizarse "en cualquier centro de salud" de la comunidad. De hecho, la administración trabaja con las asociaciones de atención a inmigrantes para que mejore la información sobre el programa a disposición de los colectivos y más personas puedan beneficiarse de sus ventajas, que van más allá del mínimo garantizado por el Estado -solo urgencias, a no ser en embarazos y menores-.

Galicia fue pionera

Además de Galicia, que fue pionera al disponer el programa como de atención a la salud pública desde el mismo momento en que los inmigrantes quedaban desprotegidos, casi todas las autonomías han dispuesto de alguna solución para los irregulares en los últimos años, excepto Castilla y León, Ceuta y Melilla, según un informe de la organización Reder. En ese sentido, denuncia que desde que entró en vigor el decreto de 2012 que limita la asistencia, un total de 3.340 personas no fueron atendidas en todo el país.