Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade de Galicia.
El nuevo modelo de sueldos del Sergas ligado a la edad del paciente exige un "estudio económico"
Simega reclama conocer cómo se traducirá la ponderación en las nóminas y O’Mega denuncia falta de información previa sobre la propuesta
Con el objetivo de alcanzar un modelo más equitativo y con complementos adaptados a la complejidad asistencial y la realidad demográfica de Galicia, la Xunta analizó, durante la última Mesa Sectorial de Sanidad, la reforma de las condiciones retributivas de los profesionales de Atención Primaria, unos cambios que, desde los sindicatos, también han sido comentados y señalados.
La propuesta presentada por la Consejería de Sanidad plantea modificar el actual sistema para que el número de tarjetas sanitarias asignadas a cada profesional deje de ser el único criterio a la hora de establecer las retribuciones. La edad de los pacientes, la complejidad de la asistencia, la dispersión geográfica, el aislamiento o la soledad profesional pasarían a tener también un peso en el nuevo modelo.
Sin embargo, las organizaciones sindicales reclaman conocer con más detalle cómo se traducirán estos cambios en las nóminas y, sobre todo, cuál será su impacto económico. Es una de las principales incógnitas que señala Simega (Sindicato Médico de Galicia), que considera que la ponderación de las tarjetas sanitarias en función de la complejidad es una reivindicación "muy antigua", pero advierte de que todavía no les han hecho llegar los datos necesarios para valorar la propuesta.
Dudas sobre el impacto económico
La presidenta de Simega, Nuria González Cancelo, considera positivo que se tenga en cuenta la complejidad de los cupos, pero pone el foco en una cuestión concreta: cuánto cobrará finalmente cada profesional por las tarjetas ponderadas.
"El punto fundamental que falta es el estudio económico del impacto de estas medidas", señala González Cancelo, que reclama conocer cuánto supondrá la reforma y “cómo se realizará exactamente el cálculo de los emolumentos”.
Nuria González, presidenta del Sindicato Médico de Galicia (Simega).
Desde el sindicato también defienden que la nueva ponderación no pueda traducirse en una reducción salarial para determinados profesionales. En este sentido, consideran que "un cupo con población joven no debería ver mermada su retribución" y que cualquier incremento derivado del nuevo sistema "debería aplicarse como un plus sobre la situación actual".
La falta de información económica es, precisamente, una de las cuestiones que Simega asegura haber trasladado a la Administración. Según explica González Cancelo, desde la Xunta se ha transmitido que el impacto económico se podrá conocer una vez que el sistema sea aprobado. El sindicato, sin embargo, no está de acuerdo con esto, ya que entiende que ambas cuestiones deberían abordarse "de forma paralela", dentro del proceso de negociación.
"Técnicamente tiene que haber negociación. Pero la Administración puede decidir sin acuerdo. Solo la Administración lo sabe…" ha señalado la presidenta.
La ponderación también para crear plazas
Simega plantea además que el nuevo criterio de ponderación no se limite al ámbito retributivo, sino que pueda utilizarse también para determinar cuándo es necesario crear una nueva plaza.
La propuesta del sindicato pasa por aplicar esa misma ponderación a la hora de calcular los cupos. De esta forma plantea que, "cuando en un centro la media de los cupos ponderados supere las 1.200 tarjetas, se cumplan las ratios para crear una nueva plaza".
La Xunta, por su parte, ha señalado en su propuesta que el nuevo modelo tendrá en cuenta las características de la población atendida y que se extenderá a las distintas categorías profesionales de Atención Primaria, con cálculos adaptados a cada una de ellas.
Dispersión, aislamiento y soledad
Otro de los aspectos contemplados por la Administración es la introducción de compensaciones vinculadas a las condiciones en las que se presta la asistencia. El nuevo modelo prevé valorar la dispersión geográfica, los desplazamientos entre centros, el aislamiento de determinadas localidades y los casos en los que un profesional es el único de su categoría en un municipio.
Para Simega, la dispersión es "un elemento que se debe tener en cuenta". En cuanto a la denominada "soledad", González Cancelo considera que debería abordarse también desde la organización de los centros y plantea estudiar aquellos casos en los que únicamente existe un profesional para, cuando sea posible, reestructurar la asistencia y evitar estas situaciones.
La Xunta sostiene que estos complementos buscan precisamente reconocer las condiciones asistenciales más exigentes y proteger la prestación sanitaria en zonas con menor población.
O’Mega denuncia falta de información
Desde el sindicato O’Mega se han mostrado más críticos. Su vicepresidenta, María Mercedes Tallón, asegura que la agrupación no dispone todavía de información suficiente para valorar la propuesta y sostiene que la organización solo ha conocido los detalles a través de la información difundida públicamente: "La única información que tenemos es por la prensa".
Tallón señala además que O’Mega ha presentado un requerimiento al Sergas al considerar que la Administración está incumpliendo los acuerdos alcanzados para desconvocar la huelga indefinida de Atención Primaria. Según explica, aquellos acuerdos incluían el compromiso de informar y negociar previamente con el sindicato antes de presentar determinadas medidas en la Mesa Sectorial.
Desde O’Mega sostienen que ese compromiso no se ha respetado y reclaman explicaciones a la Administración.
Más profesionales en Primaria
Más allá del nuevo modelo retributivo, la reunión de la Mesa Sectorial también abordó la planificación de recursos humanos de Atención Primaria para los próximos años. Entre las medidas anunciadas figura la incorporación de la Podología a este nivel asistencial, con 14 nuevas plazas previstas para 2027 y el objetivo de alcanzar las 28 en 2030.
También está previsto ampliar la red de Psicología Clínica en Atención Primaria hasta los 50 profesionales en 2030 y aumentar de 45 a 53 las plazas de dietistas-nutricionistas, siguiendo una ratio de un profesional por cada 50.000 habitantes.
En el caso de las nuevas plazas de Medicina de Familia y Pediatría, la Xunta plantea mantener una proporción de uno a uno (1:1) con Enfermería, de modo que la creación de una plaza de Médico de Familia o Pediatra implique también la incorporación de otra plaza de Enfermería.
Todas estas medidas forman parte de la reforma de Atención Primaria que impulsa la Xunta, aunque para los sindicatos todavía quedan cuestiones por concretar, especialmente en lo relativo al impacto económico del nuevo sistema retributivo y a la forma en que se aplicarán sus criterios. La negociación de estos cambios será, por tanto, el camino a tomar para que se puedan definir los detalles de una reforma cuya aplicación todavía está pendiente de concretar.
