El Consejo de Gobierno ha autorizado al
Servicio Extremeño de Salud para contratar el servicio de transporte sanitario terrestre por un periodo de un año (prorrogable hasta cuatro años) con un importe de licitación de
47.464.427 euros.
Según ha manifestado el portavoz de la Junta de Extremadura,
Juan Antonio González en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el contrato consta de
dos lotes. El primero, referido a la provincia de
Badajoz, tiene un importe anual de 26.508.167 euros, y el segundo, que corresponde a la provincia de
Cáceres, asciende a 20.956.260 euros.
El servicio consiste en la
prestación del transporte sanitario terrestre en todas sus modalidades,
urgente y no urgente, de pacientes a los que el Servicio Extremeño de Salud tiene el deber de prestar asistencia y con la necesidad de
vehículos especialmente acondicionados para ello.
González ha explicado que “con esta licitación la Junta de Extremadura lo que pretende es garantizar
la calidad del servicio público” y que por la tipología de Extremadura, “el servicio sanitario es clave para garantizar la
igualdad de oportunidades entre los extremeños”.
La licitación se adapta a las sentencias
El portavoz ha detallado que este nuevo expediente recoge una serie de actualizaciones. Se ha incorporado a los cálculos lo dictaminado en la Sentencia 159/2022 de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo así como las modificaciones contenidas en el Decreto Ley 1/2022 de 2 de marzo de
Medidas Urgentes de Mejora de la Calidad en la Contratación Pública para la Reactivación Económica. También se han calculado los costes de la Seguridad Social al 31,65% y se ha actualizado el coste del combustible. “Se trata de 9 millones de euros más” con respecto a la anterior licitación.
Los plazos que maneja el Ejecutivo regional es que, si todo va bien y no hay recursos,
“en un mes y medio o dos meses pudiera estar resulta la adjudicación” de manera que el nuevo servicio pudiera prestarse en el mes de septiembre de este año. En relación al contrato actual, González ha explicado que está en vigor hasta
enero de 2023 pero que al ser un contrato de emergencia tiene una cláusula que permite
extinguirlo con antelación.
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