16 nov 2018 | Actualizado: 00:00

Un nuevo documento arroja más dudas sobre los salarios sanitarios catalanes

La Generalitat ya sabía que podía tener problemas para abonar los sueldos de sus trabajadores públicos por el procés

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.
Un nuevo documento arroja más dudas sobre los salarios sanitarios catalanes
mié 18 octubre 2017. 10.30H
Redacción
La Generalitat elaboró un plan económico paralelo al pactado con el Estado ante una eventual independencia de Cataluña, según se desprende el documento manuscrito intervenido por la Guardia Civil en el despacho del secretario de Hisenda, Lluís Salvadó, el pasado 20 de septiembre. Un escenario que derivó en la asunción de las nóminas de los funcionarios públicos, incluidos los 29.440 sanitarios de la comunidad autónoma, por parte del Ejecutivo como medida de urgencia para garantizar los pagos tras la declaración de ilegalidad del Referéndum del 1 de octubre por parte del Tribunal Constitucional.

En el documento intervenido, se analizan las estrategias a seguir por parte de la Generalitat en caso de un enfrentamiento con el Gobierno. Así, algunas de las cuestiones de las que trata son “si podemos afrontar el primer pago de las nóminas” una vez declarada la independencia, si se podría mantener la liquidez a partir de 2018 o si sería necesario emitir bonos patrióticos para salvaguardar las cuentas del Govern, las cuales incluso se plantea que sean trasladadas a París.

Los escenarios hipotéticos que se plantean en el documento son de “guerra” y de “guerrilla”. Se considera la opción de que el Gobierno central active el artículo 155 de la Constitución y asuma el control de la autonomía, al tiempo que suspenda los pagos al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero garantizando el pago de las nóminas de los funcionarios.

Según el plan detallado en el documento, la Generalitat manejó la hipótesis de un “cobro de los tributos (impuestos y cotizaciones) del sector público de la Generalitat (4.500 millones)”. Una idea que precedió a la prueba piloto para que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) recaudase los impuestos de funcionarios públicos (unas 220.000) desde el comienzo de octubre.

A pesar de las evidencias encontradas por la Guardia Civil, desde la Consejería de Economía se critica que se estime como válido un documento que no lleva membrete oficial y no está identificado ni firmado.
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