Redacción Médica
19 de julio de 2018 | Actualizado: Jueves a las 09:40
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Un documento filtra cómo se iba a diseñar la sanidad pública catalana

La Generalitat tenía previsto ejecutar hasta 41 decretos para absorber competencias del Estado

Antoni Comín, consejero de Salud.
Un documento filtra cómo se iba a diseñar la sanidad pública catalana
Redacción
Jueves, 30 de noviembre de 2017, a las 12:10
El Govern tenía estudiada la creación de los decretos necesarios que hiciesen efectiva la independencia de la sanidad catalana, una vez proclamada la República Catalana. Un documento plasma cómo el Ejecutivo cesado de Carles Puigdemont había tramitado las herramientas para absorber las competencias del Estado, este punto se iba a gestionar desde el Departamento de Salud que dirigía Antoni Comín.

El texto, que forma parte del material incautado por la Guardia Civil durante su investigación sobre los preparativos del 1-O, recoge el decreto de ‘urgencia’ con el que se pretendía pisar la regulación de los productos farmacéuticos, según publica El Confidencial.

Esta iniciativa formaba parte de los 41 decretos que diseñó la Generalitat para apropiarse de competencias estatales. Así lo demuestra la información extraída de los correos electrónicos de Josep Lluís Salvadó, entonces secretario de Hacienda y mano derecha de Oriol Junqueras.

De este modo, una segunda lista especificaba los decretos que tenía que tramitar cada departamento de la Generalitat para desarrollar la Ley de Transitoriedad Jurídica de la República. Cada departamento iba a asumir decretos que forzasen la ruptura con el marco constitucional español.

Cuerpos de funcionarios

El Govern también lo tenía todo pensado para quedarse con los cuerpos de funcionarios sanitarios del Estado, ya que el Departamento de Gobernación, que dirigía Meritxell Borràs. Su cartera tenía previsto aprobar los decretos para la “integración del personal de las administraciones del Estado español en las administraciones de Cataluña, de incorporación de nuevo personal y de creación del Registro de Empleados Públicos”.

Estos registros fueron modificados 12 días antes del 1-O, un punto que manifiesta la voluntad del Ejecutivo de llevar a cabo la República. De este modo, la Generalitat iba a absorber a los funcionarios y al personal laboral que trabaja en la región al servicio del Estado.