Redacción Médica
19 de julio de 2018 | Actualizado: Jueves a las 19:00
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El Ayuntamiento de Barcelona se enfrenta al modelo público-privado de Comín

La responsable sanitaria municipal critica la opción defendida por la Consejería, con el Consorcio de Barcelona en medio

Antoni Comín, consejero de Salud de Cataluña; Gemma Tarafa, comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona.
El Ayuntamiento de Barcelona se enfrenta al modelo público-privado de Comín
Juanma Fernández
Miércoles, 22 de junio de 2016, a las 17:40
Parece que la ralentización desprivatizadora de Antoni Comín no ha gustado en los designios municipales de Ada Colau. Gemma Tarafa, comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, ha mostrado su desacuerdo por las recientes palabras en las que el consejero sanitario reconocía que Cataluña no puede prescindir de las empresas privadas en su sistema de Salud. Redacción Médica se ha puesto en contacto con el consistorio barcelonés, pero la gestora sanitaria ha declinado hacer ningún tipo de declaración más al respecto, a la espera de ver "cómo se desarrollan los acontecimientos".

En esta nueva disputa sobre el modelo sanitario que se debe establecer en la región, queda en medio el Consorcio Sanitario de Barcelona, controlado en un 40 por ciento por el Ayuntamiento y el 60 restante por el Servicio Catalán de Salud. Quizá el mayor rango de competencias en sanidad que tiene el consistorio, pues la mayoría de ellas están centradas en la Consejería. Sobre la administración de este se han dado fuertes choques en las últimas semanas. Por ejemplo, el Ayuntamiento consiguió paralizar los nuevos estatutos que quería llevar adelante el departamento de Comín, que incluían herramientas para la entrada de capital privado sin necesidad de concurso público. Además, el Govern quería que el resultado de las votaciones de la junta gestora del consorcio fueran directamente vinculantes, lo que favorecía al Ejecutivo autonómico, al contar con dos votos más.

En marzo de este año, la institución dirigida por Ada Colau ya encargó un informe para ver en qué situación se encontraba el sistema sanitario en la capital catalana. De él se desprendía que el 10 por ciento del presupuesto del Departamento de Salud iba destinado a empresas privadas, unos 200 millones de euros. Una situación que la Consejería promovió como altamente reversible, anunciando “la mayor desprivatización de la historia” a nivel de la comunidad.

Sin embargo, ya en mayo el grupo parlamentario Junts pel Sí admitió que si bien preferían la administración pública de los recursos, no cerraban la puerta a operadores privados. A ello se suma el ‘no’ de la CUP a los presupuestos para 2016 presentados por Oriol Junqueras, que han lastrado en buena parte los planes de una Consejería que se había marcado un plan estratégico para una legislatura de año y medio que deberá navegar con una prórroga que no da ni para pagar las deudas de algunos consorcios.