Cataluña retoma la creación de una pieza clave en su sanidad independiente

El Gobierno de Cataluña ha aprobado, a propuesta de la consejera de Salud, Alba Vergés, la iniciativa de anteproyecto de ley para la creación de la Agencia de Salud Pública, un documento al que Redacción Médica ha tenido acceso. Un proyecto que ya intentó poner en marcha el exconsejero, Antoni Comín, con el objetivo de dotar de "personalidad jurídica" a la sanidad catalana, con competencias propias del Estado, de cara a una hipotética independencia de la comunidad.

El proyecto, que ahora retoma Vergés, era una iniciativa clave del exconsejero y con el que la consejería pretende separar las "funciones políticas y estratégicas de las funciones ejecutivas y de gestión", que ahora se trasladarían a la Agencia de Salud Pública. Se trata de un plan de actuación que fija como objetivo la independencia sanitaria del resto del Estado.

El nuevo documento especifica que la Agencia de Salud Pública de Cataluña se creará como un organismo autónomo administrativo adherido al departamento de Salud, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa y financiera y plena capacidad de obrar en el ejercicio de sus funciones.

Según se extrae del anteproyecto de ley presentado por Vergés, la Agencia de Salud Pública tiene como objetivo la prestación de los servicios de la cartera de salud pública correspondientes al departamento competente. Asimismo, también podrá prestar servicios que son competencias de otros departamentos. También llevará a cabo actuaciones que incidan en la salud de la población así como actuaciones en esta materia que son competencia de otros departamentos.

El artículo 13 establece los recursos económicos de este órgano. Así, se nutrirá de las asignaciones de los presupuestos de la Generalitat, de las asignaciones para la prestación de actividades de salud pública suscritas entre la agencia y los departamentos de Cataluña, las tasas públicas derivadas del ejercicio de su actividad, ingresos procedentes de sanciones administrativas y de resoluciones judiciales que le correspondan, entre otros.

Precisamente la financiación fue una de las herramientas con las que Comín no contó cuando intentó restituir la Agencia de Salud Pública, organismo que dejó de tener personalidad jurídica en el año 2014.