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Los médicos se resignan a volver a las 37,5 horas

CESM Castilla-La Mancha pide que al menos las 2,5 horas sean para formación o tareas administrativas

José Luis Grau, presidente del CESM Castilla-La Mancha.
Los médicos se resignan a volver a las 37,5 horas
Redacción
Jueves, 28 de abril de 2016, a las 11:50
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) asegura que pondrá todos sus medios “para que en ningún caso” se vuelva a la jornada de 37,5 horas semanales en Castilla-La Mancha; pero, al mismo tiempo, prepara un vendaje para la herida que supondría una suspensión cautelar del decreto del Gobierno regional que permitió la vuelta a las 35 horas.

El recurso presentado por el Gobierno central contra el ejecutivo que preside Emiliano García-Page pone en entredicho la continuidad de la norma, ya que si el Tribunal Constitucional lo admite a trámite, esto llevaría aparejada la suspensión cautelar, lo que supondría una inmediata vuelta a la situación anterior.

El Sindicato Médico se pone ya en lo peor y pide que, “de consumarse esta afrenta”, las 2,5 horas que se incrementarán se trabajen “como lo hace el resto de trabajadores de la Administración Pública”. Es decir, que media hora al día se dedique a tiempo para formación o para labores administrativas y burocráticas.

El CESM ha publicado una nota en la que muestra su “profundo rechazo ante la actitud del gobierno nacional”, reduciendo los derechos de los trabajadores y la competencia de los gobiernos autonómicos para determinar y mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales.

La Junta intentará salvar los empleos creados por las 35 horas

La recuperación de la jornada de 35 horas semanales ha supuesto la contratación a lo largo de los últimos meses de medio millar de trabajadores en el Sescam.

La Junta está “estudiando las posibilidades jurídicas” para que el personal contratado por la reducción a las 35 horas pueda seguir trabajando aunque el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central en funciones, según ha adelantado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Molina ha manifestado “no entender” cómo un Gobierno en funciones adopta decisiones de tanta importancia y con tanta repercusión para 68.000 empleados públicos.