La Junta y el Gobierno no se ponen de acuerdo por las 35 horas

La reunión de la Comisión Bilateral entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y del Gobierno central en funciones para hablar de la vuelta a la jornada laboral a 35 horas semanales ha terminado sin acuerdo. La medida, que se aplica desde enero en Castilla-La Mancha, cuenta con la oposición del Gobierno central, que había convocado la bilateral como paso previo a un recurso.

El ejecutivo de Castilla-La Mancha ha intentado defender ante los representantes de Hacienda la legalidad de su medida. Sin embargo, según ha criticado el consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ni siquiera han tenido esa oportunidad. “La reunión ha consistido en preguntar a los representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha si estaban dispuestos a derogar esta norma” y al decirles que, evidentemente, no, “se ha terminado la reunión y no se ha entrado al fondo del asunto”, ha señalado Molina, que ha tachado el encuentro de “paripé2.

Esta Comisión Bilateral es consecuencia de la decisión del Gobierno en funciones de Rajoy de iniciar el procedimiento para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se recuperaba la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos desde el pasado 01 de enero y se ampliaba la edad de jubilación del personal funcionario y estatutario de la Junta de Comunidades.
 
La intención de los representantes de la Administración regional en la reunión era, ha destacado el consejero, “defender con argumentos estrictamente jurídicos la actuación de las Cortes regionales” y argumentar “que se había actuado con decisiones plenamente ajustadas a la legalidad”. “Pretendíamos escuchar los argumentos esgrimidos por la Administración del Estado y que pudiéramos convencerlos para que desaparecieran las discrepancias que dice el Gobierno de Rajoy que existen en relación con esta norma”, ha añadido a este respecto.