Hacienda acelera para echar abajo las 35 horas

El Gobierno de España se ha dirigido al de Castilla-La Mancha para que convoque de manera urgente la llamada Comisión Mixta y dé explicaciones acerca de la reducción de jornada que, desde el 1 de enero, se aplica a los empleados públicos dependientes del Gobierno autonómico.

La reunión de esta comisión es el paso previo a un posible recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra las 35 horas en la región. Según confirman desde Hacienda, esta forma de proceder se repetirá con el Gobierno vasco, que también ha reducido la jornada de sus funcionarios, y con el resto de comunidades autónomas que planteen medidas análogas.

Desde el Gobierno central se cree que Castilla-La Mancha y País Vasco están contraviniendo la normativa estatal de 2012 que establece en 37,5 horas la jornada de los funcionarios y, de ahí, la comunicación que se hace al primero para que acuda a la Comisión Mixta y explique la medida.

Un paso que podría ser un mero formalismo, ya que, según confirman desde Hacienda, en ningún caso se aceptará que las comunidades apliquen una número de horas distinto al que marca la ley estatal, mientras que desde el ejecutivo regional se anuncia que no se va a dar marcha atrás.

“Nosotros recibimos el fax el día 12 y ese mismo día contestamos al Ministerio mostrando nuestra disposición a que se convoque dicha comisión porque vamos a defender con uñas y dientes una decisión aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha”, ha señalado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina.

A partir de ahora, ha explicado el consejero, debe ser el Estado el que convoque a esta comisión a la Comunidad Autónoma. Si cuando se celebre la misma ambas partes se ponen de acuerdo en iniciar negociaciones, el plazo para la interposición del recurso se amplía seis meses, hasta el 16 de septiembre. Por el contrario, si no hay acuerdo, el Gobierno en funciones de Rajoy podría interponer el recurso de inconstitucionalidad antes del 16 de marzo.

Desde el punto de vista jurídico, Ruiz Molina ha aclarado que el Gobierno regional no tiene “absolutamente ninguna duda de que se ha actuado respetando en todo momento la legislación vigente”, ya que el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, vigente desde el pasado 01 de noviembre de 2015, establece en su artículo 47 que corresponde a las administraciones públicas establecer la jornada de trabajo de sus empleados públicos.