Castilla-La Mancha tiene sobre la mesa las iniciativas en las que trabajará este año

Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha
Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.


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El Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene aprobado el Plan Anual Normativo para este 2026. Un conjunto de iniciativas en el ámbito sanitario que están enfocadas no solo en propuestas legales sino también reglamentarias, que contemplan la Atención Especializada, la Salud Mental, los Cuidados Paliativos, entre otros.

En el caso de las iniciativas legales, la Consejería de Sanidad -liderada por Jesús Fernández Sanz- apuesta por dos proyectos: la ley de Atención Especializada de Castilla-La Mancha y la de derechos y deberes de las personas al final de la vida y en situaciones de especial vulnerabilidad. Estas ya estuvieron sobre la mesa en el plan de 2025 y seguirán estando en este nuevo curso.

En cuanto a las iniciativas reglamentarias, la consejería pondrá esfuerzos especialmente en 12 propuestas relacionadas con una diversidad de ámbitos sanitarios. Los decretos en los que se trabajará están enfocados en distintas regulaciones como, por ejemplo, la prestación de atención dental infanto-juvenil y a las personas con discapacidad que presenten determinadas condiciones clínicas en la región.

Otras iniciativas de regulación sanitaria


Se desarrollará también la regulación de la sanidad mortuaria; de la Red de Salud Mental; de la publicidad sanitaria y del régimen de garantías en los tiempos máximos de respuesta. De la misma forma se contempla la regulación de la selección y provisión del personal estatutario de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud (Sescam); de la documentación sanitaria y de la constitución y gestión de las bolsas de trabajo en las Escalas de Sanitarios Locales.

Entre otros decretos relacionados a la sanidad está el que regula el registro de personas afectadas por enfermedad celíaca; y por el que se regula la estructura de coordinación sociosanitaria

El acuerdo fue aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno del 9 de diciembre de 2025. Según indica el documento, las consejerías podrán seleccionar aquellas normas que, "por su especial relevancia, impacto o interés", consideren conveniente evaluar. 
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