Castilla-La Mancha aprueba su ley de reserva de material sanitario

La norma, que asegura el abastecimiento durante 120 días, es de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2021

Jesus Fernández Sanz, consejero de Sanidad.
Castilla-La Mancha aprueba su ley de reserva de material sanitario
lun 26 octubre 2020. 11.10H
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes en el Diario Oficial el texto definitivo y aprobado de la ley de reserva estratégica de productos sanitarios. Es la primera normativa en España que asegura el autoabastecimiento de material sanitario durante un periodo de días en caso de que se produzca un problema de entregas por parte de los proveedores. 

Como adelantamos en Redacción Médica, la ley autonómica asegura el abastecimiento durante un mínimo de 120 días de la disponibilidad de material y equipamiento tecnológico sanitario para luchar contra la pandemia y evitar que se repita el desabastecimiento que se produjo durante los meses del estado de alarma.

También se obliga a los centros sanitarios, sociosanitarios y sociales, tanto públicos como privados, ha dotarse de unas existencias mínimas. En este caso se ha establecido una reserva de al menos 30 días de su consumo habitual.

Aquí puedes leer la normativa completa

Los centros afectados deberán calcular antes del 30 de octubre la composición de su reserva estratégica y tener el abastecimiento expuesto en la normativa a partir del 1 de enero del 2021. Para el cumplimiento de esta obligación no será necesario que los centros sean propietarios de los productos, basta con acreditar su disponibilidad. Eso sí, las instalaciones para su almacenamiento deben estar ubicadas en la región. 

En la normativa también se establece las funciones de la Corporación de Reservas Estratégicas, que se convierte en una potente herramienta de gestión, ya que tiene el poder distribuir entre todos los centros de salud, hospitales y centros socio-sanitarios de la región el material sanitario y tecnológico con el que contará toda la comunidad autónoma. 

Además, asume las funciones de supervisión y control respecto de los distintos sujetos afectados por la ley. De manera que tiene la capacidad de aplicar unas sanciones que oscilan desde los 3.000 euros por infracciones leves a los 600.000 por infracciones muy graves. 
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