Cantabria negocia un plan 'B' para pagar la continuidad sanitaria en IT

El pago del complemento de atención continuada en situación de incapacidad temporal a los profesionales sanitarios ha vuelto a la Cámara cántabra. Lo hace una semana después de que los tres partidos de la oposición al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga votaran a favor de las tres enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales de 2026, lo que consiguió tumbarlos debido a la falta de acuerdo entre los grupos. 

Unas cuentas públicas que venían acompañadas de una Ley de Medidas Administrativas y Fiscales cuya letra pequeña incluía el abono del complemento de atención continuada a todos los sanitarios. Es importante la palabra "todos", ya que hasta el momento ese 'plus' solo lo cobran los médicos en concepto de guardia gracias a la Ley de Simplificación Administrativa aprobada en el hemiciclo el pasado 17 de marzo. 

Por ello, el Partido Socialista de Cantabria intentó tramitar vía legislativa una proposición de ley para modificar la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de instituciones sanitarias. Un procedimiento al que se opuso el Partido Popular (PP). De todas formas, ese posicionamiento en contra del Ejecutivo de Buruaga no ha impedido que este lunes se debatiera en Pleno el debate y la votación de la toma en consideración de la proposición socialista, cuyo objetivo principal es la extensión del 'incentivo' en IT al resto de sanitarios.

Así se ha hecho, y con un final poco esperado. Y es que la toma en consideración ha sido aprobada por 33 votos a favor (PP, PRC, PSOE y Vox), una abstención y un voto en contra. Así, se ha acordado su envío a la Comisión de Salud y la apertura del plazo para solicitar comparecencias y la posterior apertura del plazo de presentación de enemiendas. Será, de esta manera, el órgano legislativo encargado de decidir el futuro de una norma que ha generado cierto malestar e inquietud entre los sanitarios cántabros.

2,2 millones de euros para el resto de sanitarios

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha sido la encargada de defender el posicionamiento del Gobierno autonómico. "El reconocimiento del cobro del complemento de atención continuada a los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud (SCS) cuando permanezcan en situación de IT supone un incremento al capítulo de personal de los presupuestos y esta proposición de ley no aporta memoria económica", ha comenzado su intervención en sesión plenaria justificando la negativa del Ejecutivo a su tramitación. 

Además, ha sumado que "no aporta un informe jurídico", aparte de alertar que su aprobación "no respetaría la regla de gasto que todas las Administraciones públicas tiene que cumplir". "La tramitación de esta medida a través de una norma independiente requiere de un gasto sin las medidas de contención necesarias, lo que podría suponer el incumplimiento de los principios y reglas de estabilidad presupuestaria recogidas. Es una medida que no se podría cumplir", ha añadido.

Según ha reprochado, el abono del complemento sí se incluía en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. "Se recogía el coste de esta acción, que va a suponer para las arcas 2,2 millones de euros. Y se afrontaba con los 220 millones de euros de más y el aumento del 4,9 por ciento del capítulo 1 de los presupuestos para 2026", ha apuntado. Una ley a la que el resto de partidos "dijeron que no".

A favor de la toma en consideración

Independientemente de la explicación de la titular autonómica, el resto de grupos parlamentario han decidido votar y debatir la toma en consideración de la proposición de ley, lo que ha supuesto una nueva ronda de posicionamientos. En primer lugar, el diputado socialistas e impulsor de la iniciativa, Raúl Pesquera, ha afirmado que el pago del complemento en IT es "una modificación parcial que tiene que ser para todos los trabajadores".

"Es una proposición de ley de justicia retributiva", ha culminado. Por ello, el exconsejero de Salud ha sido claro: "Tendrán que hacer lo que les diga el Parlamento de Cantabria y tendrán que coger los recursos de donde los haya".

Por su parte, la portavoz sanitaria de los regionalistas, Paula Fernández, ha asegurado que esta iniciativa parlamentaria "corrige un grave error de este Gobierno, que ha creado una desigualdad en el Servicio Cántabro de Salud": "El hecho de que solo se cobre la atención continuada en IT en las guardias médias, y que muchos sanitarios se queden sin cobrarlo".

Tal y como ha puntualizado, se trata de un decisión del Ejecutivo que "generó mucha molestia en los centros". Respecto a la medida incluida en la Ley de Simplificación Administrativa que garantizaba ese pago exclusivo a los facultativos, Fernández, ha asegurado que, cuando se presentó, "no hubo un análisis ni un enforme jurídico serio".

"No estamos en contra de que los médicos cobren el complemento en sus guardias. Esto es igualdad de trato. No queremos que trabajadores de la sanidad cántabra tengan que ir a los tribunales para que se les reconozca lo que les corresponde", ha explicado.

Natividad Pérez, diputada autonómica de Vox, aunque ha apoyado la propuesta, ha asegurado que este "problema" viene de "la inacción de los Gobiernos anteriores del PRC y el PSOE". Aun así, ha admitido que "no hay una igualdad de trato entre los sanitarios".

Sorpresa en la votación final

"Hoy, como hace una semana, volverán a comprobar que 19 votos son más que 16", ha afirmado refiriéndose al Partido Popular. Pero la sorpresa ha llegado en ese mismo momento, en la votación, cuando los parlamentarios populares han dado su sí a la toma en consideración de la proposición de ley. Y eso que el diputado popular, Miguel Ángel Vargas, ha sido crítico con los grupos de la oposición.

"Venimos de un Gobierno que le negaba a todos los profesionales sanitarios su complemento de atención continuada en IT. No tienen coherencia. Este es un Gobierno de acuerdo. Primero, con los médicos, y después, con el resto", ha defendido. 

Incluso ha subrayado que si los profesionales sanitarios no van a cobrar el incentivo a partir del 1 de enero de 2026 es debido al 'no' de la oposición a los presupuestos del próximo año, que venían acompañados de una Ley de Medidas Administrativas y Fiscales donde se reflejaba el 'plus' económico necesario para impulsar esa extensión retributiva. De todas formas, el texto se debatirá en la Comisión de Salud, donde se sacarán las conclusiones definitivas.