Monzón pide al Ministerio contemplar la ultraperiferia de Canarias

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha intervenido esta mañana telemáticamente en la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que se ha debatido el reparto de créditos para el Marco Estratégico de Atención Primaria.

Monzón, a pesar de votar favorablemente para no perder la financiación, ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no tenga en cuenta la condición de región insular y ultraperiférica de Canarias. Monzón ha reivindicado la compensación por la insularidad y la condición de ultraperiferia que conlleva unos sobrecostes en las infraestructuras, el equipamiento y la dotación de personal sanitario y no sanitario.

Los criterios de reparto establecidos en este acuerdo son los relativos a la población protegida equivalente, que suponen el 96 por ciento de la financiación, la superficie, datada con el 2,4, por ciento, y la dispersión y la insularidad con un 0,8 por ciento, sin que se tenga en cuenta el concepto de ultraperificidad.

Es en estos últimos puntos donde la consejera ha lamentado que “este reparto de fondos no contemple un mayor porcentaje de financiación para un archipiélago alejado del territorio peninsular y fragmentado en ocho islas como es Canarias, que sufre, por estas condiciones geográficas impedimentos que no tienen otras regiones peninsulares o el archipiélago balear, más cercano a la península”.

El acuerdo propone la distribución entre las comunidades autónomas y el Ingesa de créditos del Ministerio de Sanidad destinados a financiar actuaciones del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, mediante dos líneas presupuestarias: 85.301.000 de euros en transferencias corrientes y 87.124.000 de euros en transferencias de capital, lo que hace un total de 172.425.000 de euros para este concepto.

Según ha asegurad Esther Monzón, “este modelo actual trata la insularidad como una variable marginal, sin reconocer el carácter estructural, permanente y diferencial de la ultraperiferia”.

Además, el documento no incluye ninguna referencia ni criterio específico asociado al estatus de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP), limitándose a incorporar el concepto genérico de insularidad. “Esta omisión supone una infravaloración de los factores estructurales reconocidos por el Derecho europeo y estatal. La no consideración del factor RUP genera un impacto negativo en la capacidad de financiación del sistema sanitario canario, particularmente en el ámbito de la Atención Primaria, afectando a cobertura efectiva del territorio, dotación de recursos humanos, equidad en el acceso a servicios sanitarios, costes logísticos y operativos estructurales y sostenibilidad del modelo sanitario en territorios ultraperiféricos", ha agregado.

Reconocimiento de Región Ultraperiférica

Monzón ha recordado que Canarias tiene reconocido el estatus de Región Ultraperiférica en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Estatuto de Autonomía de Canarias, además de haber sido reiterado en normativa estatal, presupuestaria y sanitaria, así como con la existencia de jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este estatus reconoce la existencia de limitaciones estructurales permanentes, entre las que están la lejanía geográfica del territorio continental, la fragmentación territorial en ocho islas, la insularidad múltiple, la dependencia de transporte marítimo y aéreo, las limitaciones estructurales en recursos humanos y un mayor coste estructural en prestación de servicios públicos. “Estas circunstancias tienen impacto directo en el coste y en la organización de la asistencia sanitaria en Canarias que está terminando de desplegar su estrategia de Más Atención Primaria”, afirma

Estatuto Marco

En lo referente a la negociación de la reforma del Estatuto Marco, Esther Monzón, ha afeado la posición del Ministerio de Sanidad en lo referente a la negociación con los sindicatos del Estatuto Marco al no lograr un consenso con todas las fuerzas sindicales, lo que repercutirá en la atención al paciente en cada uno de los servicios de salud de España. En este sentido, reclama que las medidas han de ir acompañadas de la financiación oportuna para que los respectivos servicios de salud puedan ponerlas en marcha con solvencia.