García asegura que el aborto y la objeción de conciencia están "protegidos"

El Govern de Baleares afirma que tanto el aborto como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios están "protegidos". Así lo ha manifestado este martes en el pleno del Parlament de Baleares la consellera de Salut, Manuela García, que ha sido interpelada por estas cuestiones tanto por el grupo parlamentario socialista como por el de Vox.

En primer lugar, a preguntas de la diputada socialista Amanda Fernández, la consellera de Salut ha destacado que "la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está garantizada en todos los centros públicos de las cuatro islas, tanto en los centros de salud como en los hospitales y se realiza dicha prestación sin ningún inconveniente".

En ese sentido, García ha asegurado que en Baleares "las mujeres no tienen que abandonar su hogar para ir a abortar", a la vez que ha reprochado que eso sí ocurre "en las ciudades de Ceuta y Melilla, que dependen del Gobierno de Pedro Sánchez, y las mujeres se tienen que desplazarse a Andalucía para poder realizar la IVE porque no sabe gestionar el aborto".

Además, la consellera de Salut ha hecho hincapié en que Baleares no tiene la necesidad de realizar ningún concierto, convenio o derivación a la sanidad privada, por lo que "las mujeres que en Baleares acuden a la sanidad privada es porque así lo han decidido de forma libre y voluntaria".

García ha enfatizado que "en Baleares el aborto está absolutamente protegido". Por otro lado, ha señalado que en la actualidad el Govern trabaja en el decreto que regula la creación y el funcionamiento del registro de objetores de conciencia, que "se encuentra en fase de audiencia previa".

Por su parte, Fernández ha contestado que la ley se cumple desde que la aplicó el Gobierno del PSOE-PSIB porque "es una ley y es un derecho". La diputada socialista ha lamentado que Vox vuelva a poner encima de la mesa un derecho que "está absolutamente alcanzado y que la sociedad lo apoya totalmente". En ese sentido, ha criticado que José Luis Martínez-Almeida (alcalde del Ayuntamiento de Madrid,), "apruebe de que se informe a las mujeres de un síndrome inventado sobre el post aborto o que Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) envíe a abortar fuera".

En la réplica, García ha respondido que "este Gobierno no va a hacer batalla de esta cuestión, no nos va a encontrar polemizando al respecto". La consellera de Salut ha señalado que Pedro Sánchez utiliza a las mujeres y el aborto "como cortina de humo para tapar su corrupción y la de su partido".

Registro de objetores confidencial

Además, García ha tenido que responder a Vox sobre una pregunta sobre las llamadas "listas negras" de sanitarios objetores a la práctica del aborto. La consellera de Salut ha sostenido que la ley indica que hay que crear dicho registro, para el cual se definió un protocolo específico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"El protocolo establece unas garantías para que la objeción de conciencia se vea protegida y cada uno la pueda ejercer", ha explicado. Además, la normativa garantiza la no discriminación ni represalia hacia los profesionales sanitarios que se acojan a ella, ha detallado. "Cumplimos la ley y también protegemos a nuestros profesionales para que puedan ejercer libremente la objeción de conciencia", ha resaltado, a lo que ha agregado que "ni entregaremos, ni entregamos, ni hemos entregado los registros al señor Sánchez ni a nadie que lo solicite porque los registros son absolutamente confidenciales".

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha calificado como "fracaso" el hecho de que el año pasado se practicaran más de 106.000 abortos en España. Además, ha lamentado que el registro de objetores no contemple la "objeción sobrevenida" o que "no se pueda cambiar de opinión y tenga que hacerlo previamente y por escrito". "Estamos más con la presidencia de la Comunidad de Madrid que con el cumplimiento de esta absurda ley", ha sentenciado. García ha sentenciado que la función de la Conselleria de Salut es "proteger a los profesionales y el derecho a la objeción de conciencia".