Saavedra confirma la ruptura asturiana con la farmacéutica israelí Teva

A finales de septiembre, el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Barbón, anunció en sesión plenaria que la región rompería todos los contratos con la compañía farmacéutica israelí Teva. No obstante, la ruptura de relación no se confirmaría hasta este martes. La encargada de informar acerca de la situación actual ha sido la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

"En septiembre de este año se envió una carta a Teva Pharma expresando la intención de no prorrogar los contratos vigentes una vez finalicen", ha afirmado. Y así lo ha hecho el Principado. 

Cinco contratos farmacéuticos, cinco rupturas

Son cinco los contratos que ha tenido que gestionar el Ejecutivo asturiano. El de sindenafilo finalizó el 30 de septiembre de 2025 tras agotar su cuarta y última prórroga. "Ya se ha iniciado una nueva licitación pública", ha anunciado la titular autonómica.
 
Por su parte, el contrato de carmustina, adjudicado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), venció el 14 de noviembre de 2025. En este caso, "no se comunicó prórroga en plazo por lo que también se considera finalizado".
 
Para sugammadex, "la primera prórroga vence en enero de 2026 y, aunque admitirían más prórrogas, se ha decidido no continuar dado que existen alternativas en el mercado". Lo mismo ocurrirá con tolvaptán, cuyo contrato finaliza el 31 de mayo de 2026. "Aquí debemos ser cautelosos, porque solo existe una sola alternativa terapéutica", ha subrayado Saavedra.
 
Por último, el contrato de dasatinib concluye el 31 de julio de 2026 y también se ha decidido no prorrogarlo al existir alternativas disponibles. Por todo ello, "la conclusión es clara": "No se prorrogan los contratos vigentes y se inician nuevas licitaciones públicas".

No prorrogar a contrato finalizado

Y es que, según la consejera, se trata de "una decisión administrativa de no continuar con las prórrogar en línea con el interés público y la contratación". Eso sí, ha explicado que desde la Consejería han decidido no anular ni rescindir contratos por "las consecuencias" que ello tendría. 

"La rescisión anticipada exige una causa legal y justificada y podría ser por incumplimiento grave del contratista, pero puede suponer que tenga consecuencias", ha matizado. Además, ha afirmado que "requeriría un proceso más largo". "Por eso, nuestra opción ha sido más eficiente. Dejar que los plazos terminen. Y así el Sespa puede aprobar licitaciones con tiempo", ha sentenciado.