Asturias aprueba la ley que blinda la transparencia en colegios sanitarios

La Junta General del Principado ha probado este miércoles la Ley de Colegios Profesionales de Asturias impulsada por la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos. De hecho, el titular del departamento, Guillermo Peláez, ha sido encargado de defender en sesión plenaria la norma, que blinda la transparencia, entre otros, de los colegios sanitarios de Enfermería y Medicina.
 
Esta norma es la primera que regula de forma integral el ejercicio de las profesiones tituladas en la comunidad y para su desarrollo se ha tenido en cuenta la norma estatal, así como la experiencia de otros territorios. Peláez ha destacado que con esta aprobación se da respuesta a una demanda histórica y ha puesto en valor el consenso que ha rodeado todo el trabajo desarrollado en torno a la norma. “Es una ley de madurez institucional”, ha asegurado.
 
Además, esta ley permite culminar uno de los objetivos fijados al inicio de la legislatura. “Aprobamos una ley que supone avanzar hacia un marco jurídico moderno, coherente y adaptado a nuestro sistema institucional”, ha añadido el consejero.

Concretamente, en el articulado se recogen ciertas acciones que tienen como objetivo principal reforzar la buena práctica de estas instituciones. En primer lugar, se establece que cada colegio profesional debe tener los suficientes medios personales y materiales para poder atender las quejas o reclamaciones presentadas por las personas colegiadas.

Novedades de la ley asturiana

 
También se obliga por ley a que las organizaciones dispongan de una página web para que, a través de una ventanilla única, se puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, el ejercicio de su actividad profesional y su baja en el colegio. Además, tendrán que ser auditados en cada ejercicio presupuestario en la forma que determinen los estatutos.
 
Por otro lado, deberán realizar una memoria anual donde se proyecten sus acciones. Una memoria que se hará pública a través de la página web del mismo en el primer semestre de cada año.
 
Aunque ya estaba establecido, el proyecto normativo incluye restricciones geográficas, es decir, se fija que no se puedan crear nuevos colegios de ámbito inferior al Principado de Asturias. Sumado a ello, se hace mención a la aplicación gradual de paridad implementada desde el Gobierno de España, por lo que se exige que al menos el 40 por ciento de los miembros del órgano de gobierno pertenezcan al sexo menos representado antes del 30 de junio de 2029.
 
Asimismo, se prohíben recomendaciones o baremos orientativos de honorarios, aunque se abre la posibilidad de que los colegios reciban delegación de funciones de la Administración relativas al registro o a la acreditación de profesionales, a la certificación de formación continuada, a la elaboración de informes sectoriales o a las funciones de inspección en materias muy concretas. Los organismos profesionales tendrán un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley para adaptar sus estautos.