19 may 2019 | Actualizado: 17:35

Vox reclama a Salud los datos de 52.000 inmigrantes ilegales

La dirigente de Vox, Rocío Monasterio, le ha recordado a Casado que fue uno de los acuerdos para la investidura andaluza

Los dirigentes de Vox en la plaza de Colón, con Rocío Monasterio en primer plano.
Vox reclama a Salud los datos de 52.000 inmigrantes ilegales
lun 22 abril 2019. 13.30H
La dirigente de Vox y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido, esta vez al Partido Popular, los datos de 52.000 inmigrantes ilegales andaluces que supuestamente estarían disfrutando de la tarjeta sanitaria andaluza.

"Seguimos esperando a que entreguéis a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la documentación de 52.000 ilegales con tarjeta sanitaria en Andalucía", ha publicado Monasterio en su cuenta de Twitter junto con un vídeo del líder popular, Pablo Casado, en el que denunciaba la gestión del sistema sanitario del PSOE señalando que cada año visitan España "700.000 turistas sanitarios que nos cuestan 1.000 millones de euros al año"

El tweet publicado por Monasterio.

Además, Monasterio le ha recordado al PP que ese fue uno de los puntos del acuerdo alcanzado por ambas formaciones para facilitar la investidura de Juanma Moreno en Andalucía, junto con los votos de Ciudadanos. De ahí que Monasterio haya vuelto a exigir esta información "según lo acordado".


Acusación al resto de grupos políticos


Hace apenas dos semanas, el presidente de Vox, Santiago Abascal, en un mitin junto a la Mezquita-Catedral de Córdoba, acusó al resto de grupos políticos de no atreverse a expulsar a "las 52.000 personas que disfrutan ilegalmente de la sanidad pública de España" y no entregar los datos a la Policía.

Francisco Serrano, líder de la formación en el Parlamento andaluz, reclamó a populares y ciudadanos que entregaran los datos de los que dispone la Consejería de Salud y Familias para iniciar los "expedientes de expulsión" de los inmigrantes en situación irregular.

No obstante, esta medida choca frontalmente con legislación en materia de protección de datos, que prohíbe que las administraciones compartan datos entre sí para para fines distintos de aquellos para los que dichos datos fueron originalmente recogidos.
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